El 14 de Abril la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió en audiencia al ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (Eduardo Di Rocco) y a representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales.
Esta audiencia fue convocada en el marco de una acción de habeas corpus de carácter colectivo promovida en noviembre de 2001 por el CELS junto con otras organizaciones contra la provincia de Buenos Aires y en favor de las personas alojadas en comisarías. La acción fue rechazada por el Tribunal de Casación, rechazo que fue convalidado por la Suprema Corte de la Provincia. Ante ello, el CELS presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud del cual se realizó una audiencia pública en el mes de diciembre de 2004 en la que la Corte relevó la situación y escuchó la propuesta del gobierno provincial.
En la audiencia del 14 de abril el CELS denunció la impotencia institucional en la que se encuentra la provincia de Buenos Aires y remarcó la grave crisis que atraviesan sus poderes que no consiguen actuar articuladamente para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad. A pesar de las medidas informadas por el Estado provincial, desde el 1 de diciembre de 2004 –fecha de la audiencia anterior– el número de personas ilegalmente detenidas en comisarías no sólo no se redujo sino que ascendió de 5564 a 5951. La sobrepoblación conduce a una situación de violencia creciente. Durante los dos primeros meses de este año murieron 49 personas que se encontraban alojadas en dependencias del sistema penitenciario bonaerense, a razón de 6 personas por semana, triplicando la cantidad de personas muertas por semana en 2003. Casi un 60% de las muertes ocurridas este año fueron violentas. La proporción de muertes violentas sobre el total de muertes se duplicó en un año.
“Se trata de una batalla que estamos perdiendo”, afirmó Di Rocco al referirse a la brecha entre el ritmo de construcción de nuevas cárceles y el aumento en la cantidad de detenidos. E gobierno provincial, en su presentación ante la Corte el año pasado, había propuesto como eje central de su política para enfrentar la sobrepoblación y hacinamiento en comisarías la construcción de cárceles. En la audiencia, el ministro de Justicia bonaerense puntualizó además la necesidad de avanzar en un proceso de agilización de los trámites judiciales al reclamar "juicios justos y rápidos" para descomprimir la situación en las cárc eles que se generan como consecuencia de la demora en la substanciación de los procesos penales.
El CELS le solicitó a la Corte que se pronuncie estableciendo cuáles son las condiciones mínimas impuestas por la ley al Estado provincial en materia de alojamiento de personas detenidas, declare que la omisión estatal de adecuar su política penitenciaria a estos estándares constituye una violación del derecho en cuestión, y luego emplace al Estado provincial a realizar la conducta debida.
El link del alegato presentado por el CELS en la audiencia es
http://www.cels.org.ar/Site_cels/documentos/presentacion_audiencia_corte_abr05.pdf
Esta audiencia fue convocada en el marco de una acción de habeas corpus de carácter colectivo promovida en noviembre de 2001 por el CELS junto con otras organizaciones contra la provincia de Buenos Aires y en favor de las personas alojadas en comisarías. La acción fue rechazada por el Tribunal de Casación, rechazo que fue convalidado por la Suprema Corte de la Provincia. Ante ello, el CELS presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud del cual se realizó una audiencia pública en el mes de diciembre de 2004 en la que la Corte relevó la situación y escuchó la propuesta del gobierno provincial.
En la audiencia del 14 de abril el CELS denunció la impotencia institucional en la que se encuentra la provincia de Buenos Aires y remarcó la grave crisis que atraviesan sus poderes que no consiguen actuar articuladamente para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad. A pesar de las medidas informadas por el Estado provincial, desde el 1 de diciembre de 2004 –fecha de la audiencia anterior– el número de personas ilegalmente detenidas en comisarías no sólo no se redujo sino que ascendió de 5564 a 5951. La sobrepoblación conduce a una situación de violencia creciente. Durante los dos primeros meses de este año murieron 49 personas que se encontraban alojadas en dependencias del sistema penitenciario bonaerense, a razón de 6 personas por semana, triplicando la cantidad de personas muertas por semana en 2003. Casi un 60% de las muertes ocurridas este año fueron violentas. La proporción de muertes violentas sobre el total de muertes se duplicó en un año.
“Se trata de una batalla que estamos perdiendo”, afirmó Di Rocco al referirse a la brecha entre el ritmo de construcción de nuevas cárceles y el aumento en la cantidad de detenidos. E gobierno provincial, en su presentación ante la Corte el año pasado, había propuesto como eje central de su política para enfrentar la sobrepoblación y hacinamiento en comisarías la construcción de cárceles. En la audiencia, el ministro de Justicia bonaerense puntualizó además la necesidad de avanzar en un proceso de agilización de los trámites judiciales al reclamar "juicios justos y rápidos" para descomprimir la situación en las cárc eles que se generan como consecuencia de la demora en la substanciación de los procesos penales.
El CELS le solicitó a la Corte que se pronuncie estableciendo cuáles son las condiciones mínimas impuestas por la ley al Estado provincial en materia de alojamiento de personas detenidas, declare que la omisión estatal de adecuar su política penitenciaria a estos estándares constituye una violación del derecho en cuestión, y luego emplace al Estado provincial a realizar la conducta debida.
El link del alegato presentado por el CELS en la audiencia es
http://www.cels.org.ar/Site_cels/documentos/presentacion_audiencia_corte_abr05.pdf