En el ápice de la ola antiprivatista -que ahora parece haber recedido un poco- había un recurso periodístico muy difundido que era el de encontrar deficiencias puntuales o casos de inoperancia o falta de prestación de servicios concesionados. La moraleja implícita en la nota era que eso era fruto de la codicia empresarial y la única solución era volver al control autogestionado de las actividades económicas "estratégicas" (que pasaban a ser todas).
El mismo procedimiento es usado ahora con otros fines. El tema central de la sección economía de "La Nación" de hoy -muchas veces he recomendado notas de este diario, que además es mi favorito, así que no me siento condicionado para controvertirlo respetuosamente- parte de un problema real y lo eleva a la categoría de impedimento determinante. Se sabe que algunos (no, muchos, ni siquiera la mayoría) municipios cobran multas sin dar garantías procesales, o sancionan tasas de dudosa legalidad. Muchas veces se trata de cuestiones para las cuales existe un mecanismo de defensa (como Coca Cola, que consiguió la revocación de las "tasas de importación" de la Rioja) o de elusión (como el simple recurso de grabar en el aviso "válido excepto Córdoba y Mendoza"), de manera que sus efectos quedan bastante acotados. Dicho esto, que quede claro -otra vez- que sí es un problema real. Y que quede claro que yo podría hacer una nota similar sobre los Estados Unidos, recopilando casos particulares, y ciertamente eso no me permitiría "demostrar" nada.
En una parte de la nota de opinión del diario, para sostener su imputación Jorge Oviedo dice que "quien visite las sierras de Córdoba se sorprenderá de encontrar una municipalidad completa en Villa Carlos Paz, otra en Tanti, otra en Bialet Massé, otra en Santa María y otra en Cosquín. Cinco en total, tras recorrer menos de 40 kilómetros. De Santa María a Cosquín hay sólo cinco kilómetros". No puedo aceptar argumentativamente, ni como recurso periodístico retórico, el tomar una situacion excepcional como si fuera representativa de la totalidad del territorio. Por lo demás, quien venga de la Europa profunda no se sorprenderá demasiado con encontrar cinco ayuntamientos en cuarenta kilómetros. Pueden verse por TV los recorridos del Tour de France, del Giro de Italia y de la Vuelta de España para darse cuenta de lo común que es esa situación.
Dejo de lado algunos problemas técnicos, como mi sensación de que Oviedo desconoce el funcionamiento de sistema "municipio-partido" que permite que en Mendoza haya sólo 18 "municipalidades" mientras que en Santa Fe hay 336 "unidades de gobierno" (otra vez comparamos peras con manzanas).
Oviedo dice que "hay demasiadas unidades administrativas en el país". La solución, propone, es una reforma del Estado. Tomando las cifras del INDEC, dice que "en total hay en el territorio nacional 1144 unidades de gobierno local del rango de municipios. Se agregan 1054, al considerar las unidades como comunas, juntas vecinales, delegaciones municipales y aun delegaciones comunales. Un total de 2198". Para incrementar el guarismo efectista de su cuenta, bien podría ponerse a reputar como unidades administrativas a los countries (objetivamente, no costaría mucho hacerlo), a los consorcios de edificios y a las desapareciadas asambleas barriales porteñas. Que si bien nunca pasaron de ser un fenómeno virtual sin manejo de poder, a Oviedo no le importaría mucho. Eso es porque el artículo presenta argumentos notablemente contradictorios: aboga por una reforma con reducciones de estructura, pero también reconoce en una parte de la nota que "en muchos casos", esas unidades administrativas (es el eufemismo que le permite sumar peras con manzanas y con semillas de peras también) "no tienen una sede y ni siquiera un teléfono". Parece un poco problemático ponerse a exigir que se reduzcan costos desde semejante dispendio.
Los que estudian historia y federalismo comparado, además, pueden dar fe de que "el peso" del Estado en la economía es independiente del "número de unidades de gobierno" que existan. Puede haber países muy estatistas con estructuras unitarias, y países muy liberales con un número elevado de estructuras atribuidas al poder local.
Lo que menos me gusta de todo es el colofón de la nota, que transcribo textual. De esas 2198 "unidades", dice, algunos consultores explican que en poco más de cien habita más del 50% de la población total. Las otras tienen enormes dificultades para tener una "escala" que justifique su existencia.
Si no entendí mal y resté bien, quiere decir esto: hay 2098 "unidades", en las que vive la mitad del país, cuya existencia es injustificada por problemas "de escala". Esa es buena lógica para un gerente de operaciones de una empresa (cuya potestad y derecho llega a incluso al extremo de cerrar la cortina y liquidar todo si se le viene en gana y se lo aprueba el directorio), pero la lógica de la administración de gobierno no es otra que la de la Constitución Nacional, que garantiza el régimen municipal sin distinguir entre "escalas" buenas y malas.
No voy a confrontar a Oviedo sobre bases normativas, porque sería muy fácil hacerlo invocando los arts. 5 y 122 de la Constitución. Sólo quiero replicar algo que ya ha observado Scott Adams con "Dilbert" sobre el funcionamiento de los consultores: su primera reacción al llegar a un lugar es centralizar todo lo que está descentralizado y descentralizar todo lo que está centralizado. Por fortuna, la Constitución es más sabia y no les deja mucho margen de acción. Porque si tomáramos por buenas las afirmaciones de los "algunos consultores que explican" y les hiciéramos caso, quedándonos con "las mejores cien" de las "unidades administrativas" existentes, el saldo de problemas nuevos doblegaría a los ahora existentes: andando el tiempo -y no mucho, ciertamente- tendríamos un fenomenal problema de eficiencia no sólo por los cuellos de botella del sistema, sino por la distancia del decisor con los problemas reales, como cuando en la Rusia comunista un burócrata determinaba con igual precisión desde Moscú el valor de un tornillo en Vladivostok y el costo de reposición del burro de arranque de la estación MIR (me tomo licencias sobre un ejemplo puesto, creo, por Carlos Alberto Montaner), o como cuando desde España se dictaban ordenanzas o directivas que obligaban al curioso -pero sensatísimo- cumplido de refrendarlas en el Virreynato con el "se acata pero no se cumple".
La nota de opinión de Oviedo puede leerse en el link http://www.lanacion.com.ar/712225
El artículo central del Suplemento sobre este tema está firmado por Alfredo Sainz y se encuentra en http://www.lanacion.com.ar/712196
El mismo procedimiento es usado ahora con otros fines. El tema central de la sección economía de "La Nación" de hoy -muchas veces he recomendado notas de este diario, que además es mi favorito, así que no me siento condicionado para controvertirlo respetuosamente- parte de un problema real y lo eleva a la categoría de impedimento determinante. Se sabe que algunos (no, muchos, ni siquiera la mayoría) municipios cobran multas sin dar garantías procesales, o sancionan tasas de dudosa legalidad. Muchas veces se trata de cuestiones para las cuales existe un mecanismo de defensa (como Coca Cola, que consiguió la revocación de las "tasas de importación" de la Rioja) o de elusión (como el simple recurso de grabar en el aviso "válido excepto Córdoba y Mendoza"), de manera que sus efectos quedan bastante acotados. Dicho esto, que quede claro -otra vez- que sí es un problema real. Y que quede claro que yo podría hacer una nota similar sobre los Estados Unidos, recopilando casos particulares, y ciertamente eso no me permitiría "demostrar" nada.
En una parte de la nota de opinión del diario, para sostener su imputación Jorge Oviedo dice que "quien visite las sierras de Córdoba se sorprenderá de encontrar una municipalidad completa en Villa Carlos Paz, otra en Tanti, otra en Bialet Massé, otra en Santa María y otra en Cosquín. Cinco en total, tras recorrer menos de 40 kilómetros. De Santa María a Cosquín hay sólo cinco kilómetros". No puedo aceptar argumentativamente, ni como recurso periodístico retórico, el tomar una situacion excepcional como si fuera representativa de la totalidad del territorio. Por lo demás, quien venga de la Europa profunda no se sorprenderá demasiado con encontrar cinco ayuntamientos en cuarenta kilómetros. Pueden verse por TV los recorridos del Tour de France, del Giro de Italia y de la Vuelta de España para darse cuenta de lo común que es esa situación.
Dejo de lado algunos problemas técnicos, como mi sensación de que Oviedo desconoce el funcionamiento de sistema "municipio-partido" que permite que en Mendoza haya sólo 18 "municipalidades" mientras que en Santa Fe hay 336 "unidades de gobierno" (otra vez comparamos peras con manzanas).
Oviedo dice que "hay demasiadas unidades administrativas en el país". La solución, propone, es una reforma del Estado. Tomando las cifras del INDEC, dice que "en total hay en el territorio nacional 1144 unidades de gobierno local del rango de municipios. Se agregan 1054, al considerar las unidades como comunas, juntas vecinales, delegaciones municipales y aun delegaciones comunales. Un total de 2198". Para incrementar el guarismo efectista de su cuenta, bien podría ponerse a reputar como unidades administrativas a los countries (objetivamente, no costaría mucho hacerlo), a los consorcios de edificios y a las desapareciadas asambleas barriales porteñas. Que si bien nunca pasaron de ser un fenómeno virtual sin manejo de poder, a Oviedo no le importaría mucho. Eso es porque el artículo presenta argumentos notablemente contradictorios: aboga por una reforma con reducciones de estructura, pero también reconoce en una parte de la nota que "en muchos casos", esas unidades administrativas (es el eufemismo que le permite sumar peras con manzanas y con semillas de peras también) "no tienen una sede y ni siquiera un teléfono". Parece un poco problemático ponerse a exigir que se reduzcan costos desde semejante dispendio.
Los que estudian historia y federalismo comparado, además, pueden dar fe de que "el peso" del Estado en la economía es independiente del "número de unidades de gobierno" que existan. Puede haber países muy estatistas con estructuras unitarias, y países muy liberales con un número elevado de estructuras atribuidas al poder local.
Lo que menos me gusta de todo es el colofón de la nota, que transcribo textual. De esas 2198 "unidades", dice, algunos consultores explican que en poco más de cien habita más del 50% de la población total. Las otras tienen enormes dificultades para tener una "escala" que justifique su existencia.
Si no entendí mal y resté bien, quiere decir esto: hay 2098 "unidades", en las que vive la mitad del país, cuya existencia es injustificada por problemas "de escala". Esa es buena lógica para un gerente de operaciones de una empresa (cuya potestad y derecho llega a incluso al extremo de cerrar la cortina y liquidar todo si se le viene en gana y se lo aprueba el directorio), pero la lógica de la administración de gobierno no es otra que la de la Constitución Nacional, que garantiza el régimen municipal sin distinguir entre "escalas" buenas y malas.
No voy a confrontar a Oviedo sobre bases normativas, porque sería muy fácil hacerlo invocando los arts. 5 y 122 de la Constitución. Sólo quiero replicar algo que ya ha observado Scott Adams con "Dilbert" sobre el funcionamiento de los consultores: su primera reacción al llegar a un lugar es centralizar todo lo que está descentralizado y descentralizar todo lo que está centralizado. Por fortuna, la Constitución es más sabia y no les deja mucho margen de acción. Porque si tomáramos por buenas las afirmaciones de los "algunos consultores que explican" y les hiciéramos caso, quedándonos con "las mejores cien" de las "unidades administrativas" existentes, el saldo de problemas nuevos doblegaría a los ahora existentes: andando el tiempo -y no mucho, ciertamente- tendríamos un fenomenal problema de eficiencia no sólo por los cuellos de botella del sistema, sino por la distancia del decisor con los problemas reales, como cuando en la Rusia comunista un burócrata determinaba con igual precisión desde Moscú el valor de un tornillo en Vladivostok y el costo de reposición del burro de arranque de la estación MIR (me tomo licencias sobre un ejemplo puesto, creo, por Carlos Alberto Montaner), o como cuando desde España se dictaban ordenanzas o directivas que obligaban al curioso -pero sensatísimo- cumplido de refrendarlas en el Virreynato con el "se acata pero no se cumple".
La nota de opinión de Oviedo puede leerse en el link http://www.lanacion.com.ar/712225
El artículo central del Suplemento sobre este tema está firmado por Alfredo Sainz y se encuentra en http://www.lanacion.com.ar/712196