Kelo: Una visión concesiva del requisito del “uso público” en el contexto expropiatorio
En la imagen, la casa de Sussete Kelo en New London.
El in fine de la Enmienda V dice que “no se ocupará la propiedad privada para uso público sin una justa indemnización”.
La ciudad de New London, afectada por una durísima crisis al comienzo de esta década, se embarcó en un plan que buscaba reactivar su economía mediante una reconversión urbana, lo cual exigía una expropiación de vastas zonas de uno de sus distritos en donde se planeaba construir un complejo de hoteles, oficinas y centro de conferencias de 36 hectáreas. Junto a los dueños que aceptaron vender sus lotes (más de un centenar) hubo un grupo de nueve personas que se negaron y llevaron el caso a los tribunales.
El argumento sobre el que versaba el juicio planteaba una cuestión de fondo en la materia expropiatoria, susceptible de proyectarse a gran cantidad de situaciones similares: la cuestión a resolver era si un proyecto de desarrollo inmobiliario, aún cuando fuera hecho con fines de promoción económica, podía identificarse (o no) con el “uso público” al que aludía la Enmienda V como requisito de una expropiación válida. Como se ve, el tema del monto de la compensación no estaba en discusión en el litigio que llegó a la Corte. Los recurrentes simplemente no querían entregar sus tierras.
Todo comentario de este caso -Kelo v. City of New London[1]- no puede dejar de enfatizar el nivel de interés y la fuerte confrontación que el mismo suscitó, especialmente a partir de la resolución de mayoría mínima (5-4) en la que la Corte Suprema rechazó el planteo de los propietarios.
La decisión, fundada en el voto de Stevens, explica que a los gobiernos locales debe deferírseles una amplia latitud en cuanto a las decisiones de tomar expropiación de tierras. Se juzgó que la ciudad formulaba un cuidado plan de desarrollo en el entendimiento de que iba a acarrear apreciables beneficios para la comunidad, entre ellos la reactivación laboral y un mayor ingreso de recursos tributarios. Los supuestos hipotéticos de abuso que pudieran darse en ese contexto podrían ser confrontados en cada caso, y no ameritan la enunciación de una restricción artificial al concepto de “uso público”.
Es interesante señalar que este criterio está siguiendo, en lo sustancial, lo que la Corte había dicho en el último fallo que emitiera sobre el punto, el caso Midkiff de 1984[2]: allí -con voto mayoritario de O’Connor- el tribunal afirmó que cabía adoptar un estándar deferente hacia las determinaciones de “uso público” formuladas por las legislaturas siempre que estas estuvieran “razonablemente relacionadas con un aparente propósito público”.
Lo llamativo es que la jueza O´Connor parece haber cambiado de idea y ahora fue la voz cantante de los disidentes. Criticó el fallo de la mayoría diciendo que “a partir de ahora cualquier propiedad pueda ser usada para el beneficio de otra parte privada” y puntualizó además que sus efectos no iban a ser aleatorios. “Los beneficiados van a ser probablemente aquellos ciudadanos que tienen una desproporcionada influencia y poder en el proceso político, incluyendo a las grandes corporaciones y a las empresas dedicadas a emprendimientos inmobiliarios”. La decisión, dijo, borra cualquier distinción entre el uso privado y público de la propiedad y por ende directamente elimina las palabras “para uso público” de la V Enmienda.
Clarence Thomas hizo también su propio voto separado, que abunda en críticas contra el fallo de la mayoría. Dijo que “el concesivo cambio en la fraseología le permite a la Corte sostener, contra todo sentido común, que un costoso proyecto de renovación urbana cuyo declarado propósito consiste en una vaga promesa de nuevos trabajos y mejora en los ingresos tributarios, pero que también resulta sospechosamente atractivo para la Pfizer Corporation, resulta de uso público”. La referencia a la Pfizer Corp. está dada por el hecho de que esa firma tiene su sede central en la ciudad, y que las facilidades a construir están en lo sustancial relacionadas con actividades conectadas con esa farmacéutica. Y Thomas también se hace eco de una presentación como amicus donde varias ONGs subrayaron el hecho de que las expropiaciones con fines de reforma urbana recaen con frecuencia en zonas que habitan grupos desfavorecidos o en comunidades más pobres, en un sesgo discriminatorio que obliga a considerar la adopción de criterios más estrictos a la hora del control judicial.
[1] Susette Kelo, et al. v. City of New London, et al., 2005 Docket No. 04-108.
[2] Hawaii Housing Authority v. Midkiff,