En "Clarín" de hoy, Ricardo Canaletti firma una nota titulada Una trampa legal que viene del norte haciendo referencia a los problemas que plantea la implementación del juicio por jurados en el modelo americano. Es interesante leerla, primero, para entender de qué se trata y evitar incurrir en problemas que vienen generando un intenso debate en ese país, y que debemos tener en cuenta por la analogía de nuestros sistemas constitucionales. Y es importante que se trate en un medio de comunicación masivo un tema de debate teórico tan interesante y relevante, pues los problemas del juicio por jurados han sido asordinados en la ambición de querer dar cumplimiento al mandato constitucional con reformas espasmódicas.
Dice allí Canaletti que "antes de hablar de qué tipo de juicio queremos hay que estar seguros de que habrá un juicio. La ley 24.825 de 1997 estableció el juicio abreviado, que no es un juicio sino un procedimiento corto que muchos critican por inconstitucional. Consiste en permitir al fiscal tentar al acusado con una pena menor (no más 6 años) a cambio de su confesión. En los Estados Unidos el sistema penal resuelve prácticamente todos los casos de delitos graves con el llamado "plea bergaining", que es una negociación en la cual el fiscal induce al acusado a admitir su culpa y a renunciar al juicio, a cambio de una pena más benigna de la que recibiría si se lo declarara culpable en el juicio. El 99% de las condenas son impuestas con este método."
En la nota que comento se glosan los apuntes y prevenciones que vertiera sobre el tema John Langbein en varios artículos -de los que yo he tomado noticia a través de clases de Hernán Gullco-. Sucintamente resumidos, dice que hay una frustración constitucional porque en los EE.UU. se ha hecho tan costoso para los acusados afrontar el juicio por jurados, que prefieren renunciar a ese derecho y someterse a la pena negociada. Los costos apuntados tienen que ver con las exigencias de recursos de tiempo y dinero, pero también con los riesgos a exponerse a penas muy altas. En Argentina, el costo principal que se paga en los casos graves es el de la restricción a la libertad dada por la detención previa a la celebración del juicio.
Langbein hace una comparación con el sistema de la Inquisición, que en cierto sentido era garantista porque exigía que el delito fuera probado por confesión. Pero esa exigencia se tornaba en contra del acusado, pues para conseguir ello el inquisidor se avenía al recurso de torturarlo. Mutatis mutandi, los condicionamientos antes apuntados hacen que el sistema redunde en la práctica inoperatividad del derecho que la Constitución ha querido consagrar. Así, por ejemplo, Langbein afirma que existe "una diferencia entre sufrir quebraduras de huesos y sufrir algunos años adicionales de prisión si uno se rehusa a confesar, pero la diferencia es de grado, no de calidad. El plea bargaining, al igual que la tortura, es coercitivo". Debido a que la sentencia que será impuesta después del juicio por jurados será considerablemente más grave que la que se impone evitando el juicio, este efecto coercitivo presiona al acusado para obtener su confesión.
Canaletti explica que la opción por el abreviado "es una verdadera confesión a la que el acusado es casi empujado a hacer" y agrega que además "este recurso abreviado viene en cierta forma a encubrir la ineficiencia judicial, que no puede resolver los casos ni las situaciones de los involucrados en tiempo razonable. Las cosas se pueden decir así: el juicio abreviado no fue diseñado para ser aplicado a los confesos sino para generar confesos a quien aplicárselo."
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El paper original de Langbein, Torture and Plea Bargaining, fue publicado en el University of Chicago Law Review, 1978-1979, vol. 46. En Argentina fue muy conocido por el artículo "Sobre el mito de las constituciones escritas: la desaparación del juicio penal por jurados", publicado en “Nueva Doctrina penal”, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1996/A.
Para profundizar sobre el tema, recomiendo un artículo de Alberto Bovino, Procedimiento abreviado y juicio por jurados, publicado en la Revista de Ciencias Penales de Costa Rica, nº 18, noviembre 2000, al que se puede acceder en el link http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/revista/REVISTA%2018/bovino18.htm
Dice allí Canaletti que "antes de hablar de qué tipo de juicio queremos hay que estar seguros de que habrá un juicio. La ley 24.825 de 1997 estableció el juicio abreviado, que no es un juicio sino un procedimiento corto que muchos critican por inconstitucional. Consiste en permitir al fiscal tentar al acusado con una pena menor (no más 6 años) a cambio de su confesión. En los Estados Unidos el sistema penal resuelve prácticamente todos los casos de delitos graves con el llamado "plea bergaining", que es una negociación en la cual el fiscal induce al acusado a admitir su culpa y a renunciar al juicio, a cambio de una pena más benigna de la que recibiría si se lo declarara culpable en el juicio. El 99% de las condenas son impuestas con este método."
En la nota que comento se glosan los apuntes y prevenciones que vertiera sobre el tema John Langbein en varios artículos -de los que yo he tomado noticia a través de clases de Hernán Gullco-. Sucintamente resumidos, dice que hay una frustración constitucional porque en los EE.UU. se ha hecho tan costoso para los acusados afrontar el juicio por jurados, que prefieren renunciar a ese derecho y someterse a la pena negociada. Los costos apuntados tienen que ver con las exigencias de recursos de tiempo y dinero, pero también con los riesgos a exponerse a penas muy altas. En Argentina, el costo principal que se paga en los casos graves es el de la restricción a la libertad dada por la detención previa a la celebración del juicio.
Langbein hace una comparación con el sistema de la Inquisición, que en cierto sentido era garantista porque exigía que el delito fuera probado por confesión. Pero esa exigencia se tornaba en contra del acusado, pues para conseguir ello el inquisidor se avenía al recurso de torturarlo. Mutatis mutandi, los condicionamientos antes apuntados hacen que el sistema redunde en la práctica inoperatividad del derecho que la Constitución ha querido consagrar. Así, por ejemplo, Langbein afirma que existe "una diferencia entre sufrir quebraduras de huesos y sufrir algunos años adicionales de prisión si uno se rehusa a confesar, pero la diferencia es de grado, no de calidad. El plea bargaining, al igual que la tortura, es coercitivo". Debido a que la sentencia que será impuesta después del juicio por jurados será considerablemente más grave que la que se impone evitando el juicio, este efecto coercitivo presiona al acusado para obtener su confesión.
Canaletti explica que la opción por el abreviado "es una verdadera confesión a la que el acusado es casi empujado a hacer" y agrega que además "este recurso abreviado viene en cierta forma a encubrir la ineficiencia judicial, que no puede resolver los casos ni las situaciones de los involucrados en tiempo razonable. Las cosas se pueden decir así: el juicio abreviado no fue diseñado para ser aplicado a los confesos sino para generar confesos a quien aplicárselo."
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El paper original de Langbein, Torture and Plea Bargaining, fue publicado en el University of Chicago Law Review, 1978-1979, vol. 46. En Argentina fue muy conocido por el artículo "Sobre el mito de las constituciones escritas: la desaparación del juicio penal por jurados", publicado en “Nueva Doctrina penal”, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1996/A.
Para profundizar sobre el tema, recomiendo un artículo de Alberto Bovino, Procedimiento abreviado y juicio por jurados, publicado en la Revista de Ciencias Penales de Costa Rica, nº 18, noviembre 2000, al que se puede acceder en el link http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/revista/REVISTA%2018/bovino18.htm