Este post, de título engañoso que se explica al final, requiere que vayamos viendo el caso punto por punto
- El grupo "Callejeros" habia planeado un show en Tucumán, que se anunció hace unas tres semanas, y ya tenía ayer las localidades agotadas para la actuación. En ese contexto, entró a tallar la presión de los padres de las víctimas de Cromañón, que iban desde el repudio formal hasta la amenaza de muerte al líder de la banda.
- A partir de ahí, la Municipalidad de Tucumán comenzó a plantear una progresiva posposición de las exigencias de seguridad para el show. El pliego de requisitos "ad hoc", nunca antes postulado para similares eventos (artisticos, deportivos, politicos) que se realizaron y se siguen realizando en el mismo lugar (el estadio abierto del club Central Cordoba) demandaba ensanchar las puertas de salida y de proveer la disponibilidad de 350 baños químicos.
- No se precisa ser muy suspicaz para conjeturar que lo mas probable es que la razon subyacente (un detour de pouvoir) de esas exigencias fuera no la seguridad sino la secreta esperanza de que los organizadores desistieran voluntariamente de realizar el show. Pero estos, aun con quejas y algun grado de incertidumbre, se avinieron a lo solicitado y prometieron que cumplirian con lo requerido.
- Ante el peligro cierto de que las exigencias fueran efectivamente cumplidas, surgió un argumento lassallesco, proveniente de los factores reales de poder. Al salir de una reunión con el Ministerio del Interior (supongo que para otros fines), y abordado por los periodistas, el gobernador Alperovich dijo que Callejeros no iba a actuar en Tucumán. Leo de La Gaceta de esa provincia:
“Callejeros no actuará en Tucumán. Es una decisión tomada y nada me va a hacer cambiarla”. Con estas palabras, el gobernador José Alperovich se refirió ayer, en Buenos Aires, a un tema que generó polémica. Consultado por los medios capitalinos, el primer mandatario se mostró enérgico. “Fueron muchas las razones que me llevaron a cancelar este recital, y entre ellas, el pedido de los padres de los chicos fallecidos que fueron a verme”, aseguró.
Alperovich, además, dijo que no estaban dadas las condiciones de seguridad. “¿Cómo controlo a 16.000 chicos? No tiene sentido. No hago referencias a si está bien o mal que toquen; lo que afirmo es que no van a hacerlo en Tucumán”, remarcó.
¿No debería ser una decisión del municipio?, se le consultó. “Yo soy el gobernador de la provincia de Tucumán y decidí que el espectáculo no se haga. Debo velar por la seguridad”, dijo.
No tengo aquí la intención de criticar a Alperovich, ni la de puntualizar (como sí se ha hecho en varios lados) de que la prohibición parece ser muy ad hominem, ni la de subrayar que se está restringiendo el ejercicio de derechos constitucionales a quienes no están impedidos de hacerlo ni han sido objeto de condenas ni cautelares que los inhabiliten.
Tampoco me parece necesario extenderme mucho sobre una idea lateral que ha sido menos refutada como descalificación: el hecho de que los organizadores van a hacer con ello un negocio. Seguro, y tienen toda la razón de hacerlo: los derechos que la constitución garantiza no se limitan a las actividades altruistas de los hombres, y la libre expresión arancelada merece tanta tutela como la libre expresión a beneficio (dicho sea de paso, esta regla también debe usarse al revés, poniendo la lupa sobre los condicionamientos, puesto que muchas veces vemos que a los espectáculos que tienen un matiz caritativo se les hace la "vista gorda" en cuanto a los requisitos de seguridad, porque el fin justifica los medios, y así terminan pasando cosas como el episodio de la locomotora que mató a seis personas en Uruguay. Muchos de ellos, además, y aquí hay un omissis significativo, son a parcial beneficio, y dan a las instituciones prestanombres el 8 o 10 % de la recaudación)
Lo que me parece más importante es mostrar, a partir de esta anécdota, algunas cosas que exceden a Alperovich, a Tucumán, y a Callejeros, que dan un panorama preliminar de nuestra actitud frente a la ley, y que nos incumben a todos.
Un dictum
- Es curioso que mientras los constitucionalistas nos pasemos hablando del fallo "Rivademar", explicando el art. 123 de la Constitución y reivindicando el ideal -conceptual y técnico- de la autonomía municipal, en nuestros telediarios televisivos se haya tomado como perfectamente natural este hecho. Queda claro que la habilitacion de locales para reuniones es un tema de autonomia municipal pura y dura, de modo que el gobernador no debe tener decision alguna, como no sea opinar al respecto.
- Es penoso, y ciertamente revelador de nuestra pobre cultura cívica, el hecho de que los medios hayan reportado mayoritariamente sobre la cancelación del show ... porque el gobernador dijo que estaba prohibido.
Aparte de que según vimos, era autoridad incompetente (tanto para prohibirlo, como para autorizarlo), lo que un jurista debiera preguntarse era cual fue el acto estatal (decreto o resolución, precedente, concomitante, o posterior) al anuncio, en el que se dio forma jurídica a la prohibición. Lo he buscado, pero hasta ahora no lo he podido encontrar, ni me parece que pueda encontrarlo, por la sencilla razón de lo difícil que debe ser encontrar la forma de trasuntar el espiritu de lo dicho por el gobernador en palabras menos contundentes que estas: Art. 1°. "Prohíbase en lo sucesivo la actuación del grupo denominado Callejeros en todo el territorio de la Provincia".
- Ey, no es un achaque para los periodistas, digo que esto revela cuáles son nuestras implicitas asunciones sobre la forma de producir el derecho. El efecto de cosa juzgada del dictum in voce de Alperovich fue técnicamente ejecutorio: al oír de primera mano cuál era la decisión politica de la autoridad provincial sobre el punto, el organizador asumió que la prohibición era un hecho consumado, y ya está devolviendo la plata de las entradas. Dice que va a demandar a los padres, me parece, con improbable éxito.
- Debe reconocerse que el gobernador no dio una decisión desnuda de motivación: dijo que no estaban dadas las condiciones. Me pregunto cuáles condiciones, y cuál seria el fundamento normativo -positivo- de las mismas. Así dicho, parece una explicación que reposa preponderantemente en la voluntad del principe. Advierto, otra vez, que Alperovich no hace mal en asumir esa responsabilidad, especialmente si toma nota de algunas peculiares visiones del Derecho Administrativo que se hacen desde la mirada penalista, a propósito de la misma causa “Cromañón”, de las que nosotros dimos cuenta en un post de diciembre.
Por qué Alperovich puede hacer lo que hace
- Lo más perturbador de todo es que, al cabo, una autoridad -de cualquier provincia- sí tiene a mano siempre una fácil vía lateral para impedir que se haga un evento, sin prohibirlo. Como no hay policías municipales importantes (y debiera haberlas si es que quisiéramos tomar la autonomía municipal en serio), es la Provincia quien tiene el "factor real de poder" para proveer la seguridad de una reunión. Entonces, le basta con mandarle un télex al Municipio, y al organizador, diciéndole que por razones operativas su Policía "no puede garantizar la seguridad" del evento.
- Nada puede objetar el particular, ni el municipio, porque la inderrotable lógica de ese subterfugio es la misma a la que acuden quienes quieren cortar amarras de amor con sus cortejantes, de un modo más o menos civilizado y sin dar mayores explicaciones. Porque lo que la provincia les dice, o les puede decir, es muy simple: no sos vos, soy yo.
.::.
CommentarIUS, un blog afín, trata hoy el mismo tema en este post, pero analizándolo desde el punto de vista de la censura. Sigan sus links internos y post previos, todos muy interesantes.
- El grupo "Callejeros" habia planeado un show en Tucumán, que se anunció hace unas tres semanas, y ya tenía ayer las localidades agotadas para la actuación. En ese contexto, entró a tallar la presión de los padres de las víctimas de Cromañón, que iban desde el repudio formal hasta la amenaza de muerte al líder de la banda.
- A partir de ahí, la Municipalidad de Tucumán comenzó a plantear una progresiva posposición de las exigencias de seguridad para el show. El pliego de requisitos "ad hoc", nunca antes postulado para similares eventos (artisticos, deportivos, politicos) que se realizaron y se siguen realizando en el mismo lugar (el estadio abierto del club Central Cordoba) demandaba ensanchar las puertas de salida y de proveer la disponibilidad de 350 baños químicos.
- No se precisa ser muy suspicaz para conjeturar que lo mas probable es que la razon subyacente (un detour de pouvoir) de esas exigencias fuera no la seguridad sino la secreta esperanza de que los organizadores desistieran voluntariamente de realizar el show. Pero estos, aun con quejas y algun grado de incertidumbre, se avinieron a lo solicitado y prometieron que cumplirian con lo requerido.
- Ante el peligro cierto de que las exigencias fueran efectivamente cumplidas, surgió un argumento lassallesco, proveniente de los factores reales de poder. Al salir de una reunión con el Ministerio del Interior (supongo que para otros fines), y abordado por los periodistas, el gobernador Alperovich dijo que Callejeros no iba a actuar en Tucumán. Leo de La Gaceta de esa provincia:
“Callejeros no actuará en Tucumán. Es una decisión tomada y nada me va a hacer cambiarla”. Con estas palabras, el gobernador José Alperovich se refirió ayer, en Buenos Aires, a un tema que generó polémica. Consultado por los medios capitalinos, el primer mandatario se mostró enérgico. “Fueron muchas las razones que me llevaron a cancelar este recital, y entre ellas, el pedido de los padres de los chicos fallecidos que fueron a verme”, aseguró.
Alperovich, además, dijo que no estaban dadas las condiciones de seguridad. “¿Cómo controlo a 16.000 chicos? No tiene sentido. No hago referencias a si está bien o mal que toquen; lo que afirmo es que no van a hacerlo en Tucumán”, remarcó.
¿No debería ser una decisión del municipio?, se le consultó. “Yo soy el gobernador de la provincia de Tucumán y decidí que el espectáculo no se haga. Debo velar por la seguridad”, dijo.
No tengo aquí la intención de criticar a Alperovich, ni la de puntualizar (como sí se ha hecho en varios lados) de que la prohibición parece ser muy ad hominem, ni la de subrayar que se está restringiendo el ejercicio de derechos constitucionales a quienes no están impedidos de hacerlo ni han sido objeto de condenas ni cautelares que los inhabiliten.
Tampoco me parece necesario extenderme mucho sobre una idea lateral que ha sido menos refutada como descalificación: el hecho de que los organizadores van a hacer con ello un negocio. Seguro, y tienen toda la razón de hacerlo: los derechos que la constitución garantiza no se limitan a las actividades altruistas de los hombres, y la libre expresión arancelada merece tanta tutela como la libre expresión a beneficio (dicho sea de paso, esta regla también debe usarse al revés, poniendo la lupa sobre los condicionamientos, puesto que muchas veces vemos que a los espectáculos que tienen un matiz caritativo se les hace la "vista gorda" en cuanto a los requisitos de seguridad, porque el fin justifica los medios, y así terminan pasando cosas como el episodio de la locomotora que mató a seis personas en Uruguay. Muchos de ellos, además, y aquí hay un omissis significativo, son a parcial beneficio, y dan a las instituciones prestanombres el 8 o 10 % de la recaudación)
Lo que me parece más importante es mostrar, a partir de esta anécdota, algunas cosas que exceden a Alperovich, a Tucumán, y a Callejeros, que dan un panorama preliminar de nuestra actitud frente a la ley, y que nos incumben a todos.
Un dictum
- Es curioso que mientras los constitucionalistas nos pasemos hablando del fallo "Rivademar", explicando el art. 123 de la Constitución y reivindicando el ideal -conceptual y técnico- de la autonomía municipal, en nuestros telediarios televisivos se haya tomado como perfectamente natural este hecho. Queda claro que la habilitacion de locales para reuniones es un tema de autonomia municipal pura y dura, de modo que el gobernador no debe tener decision alguna, como no sea opinar al respecto.
- Es penoso, y ciertamente revelador de nuestra pobre cultura cívica, el hecho de que los medios hayan reportado mayoritariamente sobre la cancelación del show ... porque el gobernador dijo que estaba prohibido.
Aparte de que según vimos, era autoridad incompetente (tanto para prohibirlo, como para autorizarlo), lo que un jurista debiera preguntarse era cual fue el acto estatal (decreto o resolución, precedente, concomitante, o posterior) al anuncio, en el que se dio forma jurídica a la prohibición. Lo he buscado, pero hasta ahora no lo he podido encontrar, ni me parece que pueda encontrarlo, por la sencilla razón de lo difícil que debe ser encontrar la forma de trasuntar el espiritu de lo dicho por el gobernador en palabras menos contundentes que estas: Art. 1°. "Prohíbase en lo sucesivo la actuación del grupo denominado Callejeros en todo el territorio de la Provincia".
- Ey, no es un achaque para los periodistas, digo que esto revela cuáles son nuestras implicitas asunciones sobre la forma de producir el derecho. El efecto de cosa juzgada del dictum in voce de Alperovich fue técnicamente ejecutorio: al oír de primera mano cuál era la decisión politica de la autoridad provincial sobre el punto, el organizador asumió que la prohibición era un hecho consumado, y ya está devolviendo la plata de las entradas. Dice que va a demandar a los padres, me parece, con improbable éxito.
- Debe reconocerse que el gobernador no dio una decisión desnuda de motivación: dijo que no estaban dadas las condiciones. Me pregunto cuáles condiciones, y cuál seria el fundamento normativo -positivo- de las mismas. Así dicho, parece una explicación que reposa preponderantemente en la voluntad del principe. Advierto, otra vez, que Alperovich no hace mal en asumir esa responsabilidad, especialmente si toma nota de algunas peculiares visiones del Derecho Administrativo que se hacen desde la mirada penalista, a propósito de la misma causa “Cromañón”, de las que nosotros dimos cuenta en un post de diciembre.
Por qué Alperovich puede hacer lo que hace
- Lo más perturbador de todo es que, al cabo, una autoridad -de cualquier provincia- sí tiene a mano siempre una fácil vía lateral para impedir que se haga un evento, sin prohibirlo. Como no hay policías municipales importantes (y debiera haberlas si es que quisiéramos tomar la autonomía municipal en serio), es la Provincia quien tiene el "factor real de poder" para proveer la seguridad de una reunión. Entonces, le basta con mandarle un télex al Municipio, y al organizador, diciéndole que por razones operativas su Policía "no puede garantizar la seguridad" del evento.
- Nada puede objetar el particular, ni el municipio, porque la inderrotable lógica de ese subterfugio es la misma a la que acuden quienes quieren cortar amarras de amor con sus cortejantes, de un modo más o menos civilizado y sin dar mayores explicaciones. Porque lo que la provincia les dice, o les puede decir, es muy simple: no sos vos, soy yo.
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CommentarIUS, un blog afín, trata hoy el mismo tema en este post, pero analizándolo desde el punto de vista de la censura. Sigan sus links internos y post previos, todos muy interesantes.