De repente hay visiones escépticas sobre las ONGs (ver, por todas, ésta de temper tantrums, que comparaba Transparency Brazil con Poder Ciudadano aquí -sí, perdimos por goleada-, o ésta que desde lo conceptual cavila sobre la praxis oenegística en derecho). Y sí, el problema es que si las ONGs auditan e interpelan al Estado, ¿quién audita/interpela a las ONGs? Los bloggers, por supuesto... hasta que seamos cooptados por alguna ONG -lo cual, fatalmente ocurrirá, por mero instinto gregario-.
Pero en este contexto yo quería aprovechar para recomendar y decir algo más sobre un excelente trabajo, que esponsoreó Unidos por la Justicia (ONG patrocinada, a su vez, por FdN, a quien le hicimos alguna vez alguna recomendación ¡gratis! para solucionar su cuita electoral) donde se recopiló -con la dirección de Germán Garavano- el dossier sobre "Información y Justicia II". Y que tiene una bonita edición digital, que patrocinó la Fundación Konrad Adenauer, que puede descargarse de este link.
Los datos "duros" allí relevados también están en la web de UxJ, que contiene una completísima sección de estadísticas que cubren el Poder Judicial federal y el de todas las provincias. Tarea que, en verdad, debería entregarnos el Ministerio de Justicia, a quien alguna vez le sindicamos cierta invisibilidad.
Cuántos trabajan en la justicia
Leemos allí que desde el año 1992 hasta 2004 la cantidad total de jueces en Argentina creció un 38%, especialmente en los poderes judiciales de las provincias donde se produjo el crecimiento más fuerte, con un 41 %.
Claro que también aumentó, y en proporción mucho más, el número de causas ingresadas. El número global país fue de 1.846.999 causas en 1992, pasando a 3.908.571 en 2005. El incremento fue del ¡211 %!
¿Cómo se pudo absorber semejante brecha?
Esto no lo dice la gente de UxJ, pero mis conjeturas se concentran en dos razones principales:
En cuanto a lo último (la relación "pirámide/base") los números consolidados a nivel país hablan de 4.263 jueces, 1308 fiscales y 830 defensores, a los que asisten, en total 62.500 empleados. Conforme a esto, la oficina judicial promedio tendría 9,76 empleados por cada funcionario jerárquico (juez, fiscal o defensor).
Cuánto se gasta en justicia
En 2005 el presupuesto promedio en justicia por habitante fue de 87 pesos, lo cual, comparándolo en un intervalo quinquenal, supone un aumento del 23,2% con respecto al año 2000 (cuando era de 70 pesos).
¿Poco o mucho? ¿En relación con qué?
Para comparar, voy a chequear los datos que tomé de los números de Gasto Público Nacional Consolidado del Ministerio de Economía. Allí las series reportan que los $ 87 de Justicia equivalían al 2,5% del total del gasto primario, mientras que en ese año se gastaban $ 243 en Defensa (7,18 %), $ 489 en Educación (14,46 %), $ 510 en Salud (15,06 %), $ 739 en Previsional ($ 21,83 %), todo per capita. El cuadro comparativo del costado nos muestra gráficamente estas diferencias, bastante esperables y lógicas por lo demás.
¿Poco o mucho? ¿En relación con quién?
Otra forma de poner en perspectiva aquella cifra es hacer una comparación internacional, tomando los gastos a valor dólar. El estudio de Unidos por la Justicia releva estos datos -calculados per capita, para neutralizar la diferente magnitud de población de cada país- que muestran un aparente relegamiento.
¿Por qué digo "aparente"? Porque la comparación en “dólares brutos” no es un buen indicador del rendimiento presupuestario. Como ya se dijo, la justicia no trabaja con insumos a precio internacional, sino que se compone mucho más por la remuneración del trabajo local, que comparativamente es bastante menor en nuestro país que en los más desarrollados. Para evitar sesgar la comparación -que es lo que yo creo que sucede si uno se queda con el cuadro de Unidos por la Justicia- hay que echar mano a un instrumento técnico -bien conocido por los economistas- que no es perfecto, pero que sí puede dar una aproximación sensible: la conversión de los dólares nominales a dólares PPP (purchasing power parity) para estimar el poder de compra interno de la moneda.
Cuando lo calculamos en dólares internacionales, vemos que el gasto en justicia comparado experimenta un realineamiento muy notable:
Y Argentina es uno de los que, de hecho, más sube en ese realineamiento. Una de las posibles "lecturas" del primer cuadro podía ser autocomplaciente para el aparato judicial argentino, al que podríamos "excusar" en sus ineficiencias porque se encuentra muy pobremente dotado de recursos. Pero la estadística que vemos ahora nos muestra que la dotación de recursos económicos de nuestro sistema, medido en dólares PPP, no es nada desdeñable y ocupa el puesto 4 en esta muestra de 12 países.
Podemos afinar un poco más los datos. Porque el gasto no es lo único que tenemos que considerar, sino que también importa la "litigiosidad". Se mide en causas iniciadas por año cada 100.000 habitantes. En el pool de datos que da el estudio de Unidos por la Justicia, el récord lo tiene el sistema judicial de los Estados Unidos, con 33.848, y el tope inferior lo registra Colombia, con 2.118. Argentina tiene, según UxJ, 10.225, que se reparten aproximadamente por mitades en causas civiles y penales.
Entonces, vamos a encontrar que los recursos que destina el país norteamericano, si bien nominalmente son cuantiosos, se deben dividir para atender un número de causas enormemente mayor que el que se da, en proporción, en el resto de los países (téngase en cuenta que los otros que completan el podio de nuestra muestra, España y Chile, tienen tasas de litigiosidad de menos de la mitad que EE.UU. -respectivamente, 16.000 y 12.300). [De todos modos, aclaramos desde ya también que hay que tomar con mucha cautela el dato "americano" porque en EE.UU. las faltas de tránsito y otras misdemeanors se computan como causas penales a los efectos del índice de litigiosidad; si se las excluyera, la litigiosidad podría bajar hasta ubicarse en el rango de 20.000 - 25.000, alterando los otros ratios que siguen]
Para ver cómo se correlaciona este cruce hicimos este gráfico de dispersión, llevando los recursos en el eje vertical y la litigiosidad en el eje horizontal. Y nos encontramos con una tendencia que queremos subrayar.
Recuerden que pueden verlos más grandes si hacen click sobre los gráficos. Lo que se nota enseguida es que existe una alineación entre datos que parecían dispares: p.ej., el 2º país en recursos en dólares (Francia) y el último (Perú). Lo que pasa es que el sistema judicial de Perú tiene un ratio similar a pesar de su menor dotación nominal, porque su litigiosidad es mucho menor que la de Francia.
Para cuantificar esta correlación, podemos hacer un cálculo muy simple: tomar el gasto per capita en valores ppp, multiplicarlo por 100.000, y dividirlo por el índice de litigiosidad. El resultante será el gasto promedio por causa, calculado en dólares ppp, que mostramos en este gráfico:
Fíjense cómo ha cambiado este cuadro, comparándolo con el primero de este post. Es una forma lineal de lo que en el tercero era de dos dimensiones. Los países que en el gráfico de dispersión quedaban a la derecha de la línea de tendencia muestran, lógicamente, los valores más bajos de la serie: son Chile y Estados Unidos. Los países que quedaban a la izquierda de la tendencia muestran los valores más altos: Colombia y Brasil, que tienen la asignación de recursos más generosa.
Y Argentina, recalculando su "gasto de justicia" en dólares ppp, ajustado por el índice de litigiosidad, queda con un valor de U$ (ppp) 817 por causa. Muy cerca de los 800 de Italia, de los 826 de Alemania, no muy lejos de los 867 de Francia. La conclusión es, para mí, clara: no hay excusas.
Links
- Hace unos días debutó en el blogroll, a la derecha, una selección de las ONGs tops locales de nuestro rubro.
- Próximamente, una segunda parte de este informe: la Justicia en las provincias.
Pero en este contexto yo quería aprovechar para recomendar y decir algo más sobre un excelente trabajo, que esponsoreó Unidos por la Justicia (ONG patrocinada, a su vez, por FdN, a quien le hicimos alguna vez alguna recomendación ¡gratis! para solucionar su cuita electoral) donde se recopiló -con la dirección de Germán Garavano- el dossier sobre "Información y Justicia II". Y que tiene una bonita edición digital, que patrocinó la Fundación Konrad Adenauer, que puede descargarse de este link.
Los datos "duros" allí relevados también están en la web de UxJ, que contiene una completísima sección de estadísticas que cubren el Poder Judicial federal y el de todas las provincias. Tarea que, en verdad, debería entregarnos el Ministerio de Justicia, a quien alguna vez le sindicamos cierta invisibilidad.
Cuántos trabajan en la justicia
Leemos allí que desde el año 1992 hasta 2004 la cantidad total de jueces en Argentina creció un 38%, especialmente en los poderes judiciales de las provincias donde se produjo el crecimiento más fuerte, con un 41 %.
Claro que también aumentó, y en proporción mucho más, el número de causas ingresadas. El número global país fue de 1.846.999 causas en 1992, pasando a 3.908.571 en 2005. El incremento fue del ¡211 %!
¿Cómo se pudo absorber semejante brecha?
Esto no lo dice la gente de UxJ, pero mis conjeturas se concentran en dos razones principales:
- Un incremento exponencial de la productividad: recuerde que la tecnología dominante circa 1992 era la máquina de escribir, y la automatización de tareas ha hecho las cosas mucho más fáciles.
- Un aumento cuantitativo en la base de la pirámide del organigrama. Suponemos que la estructura modelo 92 no incluía tantos prosecretarios, relatores y otros empleados como la que tenemos ahora. Y nos quedan dudas sobre si este esquema de datos incluye a pasantes, o si éstos son la cifra negra de la estructura de recursos humanos.
En cuanto a lo último (la relación "pirámide/base") los números consolidados a nivel país hablan de 4.263 jueces, 1308 fiscales y 830 defensores, a los que asisten, en total 62.500 empleados. Conforme a esto, la oficina judicial promedio tendría 9,76 empleados por cada funcionario jerárquico (juez, fiscal o defensor).
- También trabajan en la justicia, aunque no sean empleados, los abogados. El informe dice que Argentina tiene 311 abogados cada 100.000 habitantes (EEUU tiene 373; Brasil 278; Inglaterra 189, y Francia ... nada más que 67. Eso es tener una matrícula controlada). De ahí deducimos que el número de abogados que trabaja en nuestro país es de 120.000.
Cuánto se gasta en justicia
En 2005 el presupuesto promedio en justicia por habitante fue de 87 pesos, lo cual, comparándolo en un intervalo quinquenal, supone un aumento del 23,2% con respecto al año 2000 (cuando era de 70 pesos).
- Téngase en cuenta que el 89% del presupuesto judicial consolidado argentino va a gastos de personal. No es un buen dato, porque implica que se está trabajando con poco margen para gastos de equipación, infraestructura, capacitación e insumos.
¿Poco o mucho? ¿En relación con qué?
Para comparar, voy a chequear los datos que tomé de los números de Gasto Público Nacional Consolidado del Ministerio de Economía. Allí las series reportan que los $ 87 de Justicia equivalían al 2,5% del total del gasto primario, mientras que en ese año se gastaban $ 243 en Defensa (7,18 %), $ 489 en Educación (14,46 %), $ 510 en Salud (15,06 %), $ 739 en Previsional ($ 21,83 %), todo per capita. El cuadro comparativo del costado nos muestra gráficamente estas diferencias, bastante esperables y lógicas por lo demás.
¿Poco o mucho? ¿En relación con quién?
Otra forma de poner en perspectiva aquella cifra es hacer una comparación internacional, tomando los gastos a valor dólar. El estudio de Unidos por la Justicia releva estos datos -calculados per capita, para neutralizar la diferente magnitud de población de cada país- que muestran un aparente relegamiento.
¿Por qué digo "aparente"? Porque la comparación en “dólares brutos” no es un buen indicador del rendimiento presupuestario. Como ya se dijo, la justicia no trabaja con insumos a precio internacional, sino que se compone mucho más por la remuneración del trabajo local, que comparativamente es bastante menor en nuestro país que en los más desarrollados. Para evitar sesgar la comparación -que es lo que yo creo que sucede si uno se queda con el cuadro de Unidos por la Justicia- hay que echar mano a un instrumento técnico -bien conocido por los economistas- que no es perfecto, pero que sí puede dar una aproximación sensible: la conversión de los dólares nominales a dólares PPP (purchasing power parity) para estimar el poder de compra interno de la moneda.
Cuando lo calculamos en dólares internacionales, vemos que el gasto en justicia comparado experimenta un realineamiento muy notable:
Y Argentina es uno de los que, de hecho, más sube en ese realineamiento. Una de las posibles "lecturas" del primer cuadro podía ser autocomplaciente para el aparato judicial argentino, al que podríamos "excusar" en sus ineficiencias porque se encuentra muy pobremente dotado de recursos. Pero la estadística que vemos ahora nos muestra que la dotación de recursos económicos de nuestro sistema, medido en dólares PPP, no es nada desdeñable y ocupa el puesto 4 en esta muestra de 12 países.
Podemos afinar un poco más los datos. Porque el gasto no es lo único que tenemos que considerar, sino que también importa la "litigiosidad". Se mide en causas iniciadas por año cada 100.000 habitantes. En el pool de datos que da el estudio de Unidos por la Justicia, el récord lo tiene el sistema judicial de los Estados Unidos, con 33.848, y el tope inferior lo registra Colombia, con 2.118. Argentina tiene, según UxJ, 10.225, que se reparten aproximadamente por mitades en causas civiles y penales.
Entonces, vamos a encontrar que los recursos que destina el país norteamericano, si bien nominalmente son cuantiosos, se deben dividir para atender un número de causas enormemente mayor que el que se da, en proporción, en el resto de los países (téngase en cuenta que los otros que completan el podio de nuestra muestra, España y Chile, tienen tasas de litigiosidad de menos de la mitad que EE.UU. -respectivamente, 16.000 y 12.300). [De todos modos, aclaramos desde ya también que hay que tomar con mucha cautela el dato "americano" porque en EE.UU. las faltas de tránsito y otras misdemeanors se computan como causas penales a los efectos del índice de litigiosidad; si se las excluyera, la litigiosidad podría bajar hasta ubicarse en el rango de 20.000 - 25.000, alterando los otros ratios que siguen]
Para ver cómo se correlaciona este cruce hicimos este gráfico de dispersión, llevando los recursos en el eje vertical y la litigiosidad en el eje horizontal. Y nos encontramos con una tendencia que queremos subrayar.
Recuerden que pueden verlos más grandes si hacen click sobre los gráficos. Lo que se nota enseguida es que existe una alineación entre datos que parecían dispares: p.ej., el 2º país en recursos en dólares (Francia) y el último (Perú). Lo que pasa es que el sistema judicial de Perú tiene un ratio similar a pesar de su menor dotación nominal, porque su litigiosidad es mucho menor que la de Francia.
Para cuantificar esta correlación, podemos hacer un cálculo muy simple: tomar el gasto per capita en valores ppp, multiplicarlo por 100.000, y dividirlo por el índice de litigiosidad. El resultante será el gasto promedio por causa, calculado en dólares ppp, que mostramos en este gráfico:
Fíjense cómo ha cambiado este cuadro, comparándolo con el primero de este post. Es una forma lineal de lo que en el tercero era de dos dimensiones. Los países que en el gráfico de dispersión quedaban a la derecha de la línea de tendencia muestran, lógicamente, los valores más bajos de la serie: son Chile y Estados Unidos. Los países que quedaban a la izquierda de la tendencia muestran los valores más altos: Colombia y Brasil, que tienen la asignación de recursos más generosa.
Y Argentina, recalculando su "gasto de justicia" en dólares ppp, ajustado por el índice de litigiosidad, queda con un valor de U$ (ppp) 817 por causa. Muy cerca de los 800 de Italia, de los 826 de Alemania, no muy lejos de los 867 de Francia. La conclusión es, para mí, clara: no hay excusas.
Links
- Hace unos días debutó en el blogroll, a la derecha, una selección de las ONGs tops locales de nuestro rubro.
- Próximamente, una segunda parte de este informe: la Justicia en las provincias.