(Micropost de queja. Aprovecho para avisar que hay temporarios problemas, ajenos a nuestra voluntad, con los comments del blog. Suele ocurrir que no se "ven" cuando uno carga la página base; de todos modos, sí aparecen -se pueden leer, se pueden hacer- cuando uno clickea en cada uno de los posts, en los títulos de las distintas entradas. Esperamos que esto se solucione a la brevedad).
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El SAIJ es una gran cosa. Del mismo modo que Infoleg permite acceder a toda la normativa nacional, el SAIJ compila -convenios mediante- toda la normativa provincial (leyes y, no siempre, decretos).
En términos de usabilidad es muy mejorable, pero tiene mucho material.
Aunque tiene un problema que lo perjudica. Salvo para funcionarios judiciales y legislativos, no es gratuito. Cuesta $ 40/mes para usuarios individuales y $ 80/mes para grandes clientes.
Teniendo en cuenta que es algo que la mayoría de la gente usará de forma esporádica, es una fortuna.
Está claro que se puede ir al Centro de Información, donde le cobrarán nada menos que $ 4 por cinco minutos de conexión, y bueno, si uno no está en Buenos Aires, se joroba. Bueno, por supuesto también preguntarle a un amigo cuál es su "clave" del SAIJ.
No es por la plata, es por el gesto. Aquí hay un serio problema de concepto: nada justifica que el acceso a la información pública en su más primaria manifestación -saber las leyes que nos rigen- sea arancelado.
Así que, como sabemos que ahí -en el Mrio.- nos leen, nuestro reclamo es el inmediato desarancelamiento del SAIJ y la permisión de su consulta libre, sin clave ni identificación (lo cual, adicionalmente, los va a relevar de mantener la estructura burocrática que dedican para la "atención al cliente", la que, colijo, ni siquiera se debe autofinanciar con los pocos suscriptores que el SAIJ tendría).
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PD. En el SAIJ también hay jurisprudencia (de tribunales federales de Capital y bonaerenses, también de provincias), dictámenes (Procuración del Tesoro y AFIP) y doctrina (muy poca, aparece esta nota de Aníbal Fernández que se publicó en agosto en Clarín defendiendo su -correcto- criterio sobre la incompetencia de la justicia porteña para intervenir en el nuevo "delito de picada").