Como probablemente sepan, el juez federal Claudio Bonadío dictó la orden de prohibir la realización de operaciones de las AFJPs por una semana. Fue por un pedido del fiscal Guillermo Marijuan, ante la suposición de que las empresas empezaron a liquidar títulos públicos al saber la noticia del proyecto que volverá todas las jubilaciones al Estado y de que ello podría implicar el delito de fraude a la Administración Pública (art. 174 C.P.). (sobre esto, link infobae)
No me interesa tanto, por ahora, esta cuestión. Sí me interesa señalar el cambio de eje de la intervención de la justicia penal, pensada durante siglos para investigar hechos consumados, cosas que ocurrieron en el pasado, y que ahora es interpelada, casi todo el tiempo, en hechos que están sucediendo, o que van a suceder.
Esto ocurre con los temas más diversos, desde las tomas de rehenes hasta los casos de delitos ambientales y los cortes de ruta, pasando por las autorizaciones de aborto que se tramitan ante los jueces penales para tener un certificado judicial de no punibilidad previo a la intervención.
Los jueces están librados en estos temas a su suerte, a lo que sea su leal saber y entender, porque el sistema no está preparado para estas intervenciones prospectivas de la justicia penal, ni en la legislación ni en la logística, y porque la doctrina y la formación académica tampoco ayudan demasiado.
Este es un tema que hay que pensar, y urgente.
No me interesa tanto, por ahora, esta cuestión. Sí me interesa señalar el cambio de eje de la intervención de la justicia penal, pensada durante siglos para investigar hechos consumados, cosas que ocurrieron en el pasado, y que ahora es interpelada, casi todo el tiempo, en hechos que están sucediendo, o que van a suceder.
Esto ocurre con los temas más diversos, desde las tomas de rehenes hasta los casos de delitos ambientales y los cortes de ruta, pasando por las autorizaciones de aborto que se tramitan ante los jueces penales para tener un certificado judicial de no punibilidad previo a la intervención.
Los jueces están librados en estos temas a su suerte, a lo que sea su leal saber y entender, porque el sistema no está preparado para estas intervenciones prospectivas de la justicia penal, ni en la legislación ni en la logística, y porque la doctrina y la formación académica tampoco ayudan demasiado.
Este es un tema que hay que pensar, y urgente.