Primera visión
En este post de fivethirtyeight se presenta un cuadro que prácticamente lo dice todo. Es de la encuesta de tendencias generales de Gallup y nos muestra la evolución de los últimos 40 años.
Prescindo por un momento del tecnicismo de la ambigüedad de "legalizar" (compra y venta legal, regulada, o simplemente no incriminación del consumidor de pequeñas cantidades).
También hago a un lado el escepticismo encuesteril: lo que dice la gente frente a determinada cosa no necesariamente es lo mismo que lo que va a pensar una vez que un proyecto concreto, con detalles y consecuencias, está en las gateras del Congreso, o lo vea ya sancionado.
Tampoco ignoro que esta aceptación -sea en USA o en cualquier lado- siempre va a encontrar un "techo", en un grupo que -por varias razones- nunca cambiará de idea al respecto. Esto nos debe llevar a ser cautos a la hora de "proyectar" tendencias.
Dicho todo esto, mi sensación: en Argentina el proceso es parecido. Si nos concentramos en el sector sub 35, por decir algo, mi idea es que los valores no deben ser muy distintos de los que muestra en USA la encuesta de Gallup, y la tendencia debe ser similar. Por una mera cuestión vegetativa, de recambio generacional, no van a pasar más de diez años antes de que tengamos una mayoría de personas que no verán en el hecho delito alguno.
Sea el país que fuera: el punto es durante cuánto tiempo puede mantenerse como delito algo que no es visto como tal por un grupo muy importante de la población (y ni siquiera digo por la mayoría de la población). Si creemos que la respuesta es poco, hemos visto el futuro.
Nota: en disidencia, Nate Silver, el de 538, dice en el post que linkeamos que "we'll need to see a supermajority of Americans in favor of decriminalizing pot before the federal government would dare to take action on it (y dice que eso podrá ocurrir en 2022 o en 2023).
Estamos hablando de legalizar una droga, no es poca cosa. O de algo que podríamos haber considerado impensable, en USA y acá, en cualquiera de los futuros imaginables.
Pero la segunda visión es para mí más impresionante.
Todos hemos visto como desde que apareció en letras de molde (figurando, eso sí, religiosamente, en todas las constituciones) el derecho a la vivienda era el ejemplo prototípico de la cláusula constitucional "programática", objeto de escepticismo y hasta de condescendencia por la doctrina ortodoxa, fanática de los derechos "operativos" posta-posta.
Argumento ad hoc: el Estado no le va a dar una casa a cada uno que lo necesite, eso está mas allá de una discusión, más allá de lo que quiera o no quiera, no podría hacerlo, habrá FONAVIs y sarasa, pero bueno, no es un derecho que se le pueda invocar a un juez.
Otros más astutos decían: sí, es así, pero ojo que la cláusula sí tiene algún sentido, porque en ella basamos el concepto de inembargabilidad de la vivienda única. Ah, bueno, muchas gracias, eso le servirá para conservar la vivienda al endeudado -y siempre que la constituya como bien de familia- pero no vemos muy claro como le permitirá acceder a ella al indigente.
Ahora, contrastemos esas ideas, con varios ejercicios y datos al respecto:
1. Construyendo a escala, una vivienda básica puede costar para el Estado 10.000 dólares. Asumiendo que se pueda recuperar "algo" de ello a través de cuotas que paga el beneficiario (digamos la mitad) el costo neto es de 5.000 dólares (y con una casa, siendo conservador, soluciono el problema del acceso a la vivienda para cuatro o cinco personas, así que serían unos u$s 1.000 "per capita").
2. Supongamos una ciudad chico-mediana, de 100.000 habitantes. Supongamos que el 20 % tenga necesidad de vivienda. ¿Tan difícil le será encontrar -al cabo de un lapso de, por ejemplo, diez años- margen financiero, ayuda, créditos, etc., para hacerse cargo de los 20 millones dólares de costo neto y solucionar el problema?
3. El 9 de marzo de 2009, el Consejo Económico y Social de Andalucía aprobó el Anteproyecto de Ley de Acceso a la Vivienda. Viene lento y la primera noticia la habíamos tenido en una nota de "El Pais" de 2007, que linkeamos creo alguna vez, pero el concepto central es este, tomen aire y leanlo bien: un derecho constitucional exigible a la Administración. Proponen construir 700.000 casas en 10 años.
4. Pero eso es Europa, acá es otra cosa.
5. O tal vez no. San Luis puede tener unos 400 mil habitantes y dice (y le creemos) haber entregado más de 50.000 viviendas desde 1983. Ergo, la mitad de su población está viviendo en casas hechas por el Gobierno de la Provincia. Y es una provincia chica, no-rica. Los temitas de los RS -muchos- los discutimos en otra instancia, pero el dato impresiona -y, claro, justifica por qué los tipos ganan elecciones por el 70 % de los votos-.
6. En un contexto de recesión, mundial y machaza, la semana pasada, el presidente Lula Da Silva anunció un plan para construir 500.000 viviendas, con cuotas de 6 dólares. Aparentemente, en una segunda etapa habría otro medio millón más,
Entonces: en el acceso a la vivienda, el futuro no va a pasar por ningunearlo con la "programaticidad" del derecho, sino por definir qué cosa consiste a una vivienda "digna", por cómo priorizamos el orden de asignación de viviendas, por cómo evitamos que se otorguen viviendas con criterios clientelistas o amiguistas a quienes no lo necesiten.
[Sobre estos temas, es imprescindible tener encuenta planteos superadores de la dicotomía operativo vs. programático, como los que se esbozan en el libro de Lucas Grosman que hemos reseñado en este post]
¿Alguien ha tenido otra "visión" sobre el futuro del derecho, en un tema específico, de acá a veinte años? Pueden ser positivas o negativas, y tiro dos más. 1, el otro día pensaba también en el caso de los jueces y el impuesto a las ganancias, y la idea de que, tarde o temprano, lo van a tener que pagar. 2, estoy seguro de que, inevitablemente, el sistema de "monitoreos" será la regla absoluta en materia de libertades condicionales y control de los imputados no encarcelados (miren este post futurista de Ulschmidt) y que vamos a tener decenas de miles de "monitoreados".