"Honduras amanece con nuevo presidente", dice Monterito en CNN en español. Del mismo modo que podría haber dicho "amanece nublado", como si fuera un fenómeno de la naturaleza.
Nos hace acordar a los clásicos titulares neutros de la prensa argentina del día después de cada inauguración dictatorial: "NUEVO GOBIERNO" era el título una y otra vez.
De igual modo, la "narrativa" de CNN del episodio hondureño parece orwelliana: el título de la gran cadena es "sucesión forzada en Honduras".
Cierto es que se trata de un episodio distinto de los clásicos "golpes de Estado del siglo XX". Porque, quedémonos tranquilos, no va a pasar nunca más eso de que asuma un gobierno "militar". Ahora tenemos "sucesiones forzadas", un concepto jurídico mucho más complejo para manejar en el derecho internacional. Vemos en detalle este nuevo y más reciente ejemplo.
Qué pasó en Honduras
Mel (Manuel) Zelaya convocó por decreto a una "Encuesta Popular". Ya desde el "nomen iuris" quedaba claro que esta convocatoria era una consulta con caracter sui generis, y que ciertamente no se pautaba en el marco de la "consulta" popular que contempla la Constitución de Honduras en términos parecidos a los de nuestra Constitución. Lo que Zelaya proponía era para "preguntar" al pueblo si le parecía bien que en las próximas elecciones se votara una consulta sobre la reforma de la Constitución. Una anteconsulta no vinculante, una consulta al cuadrado.
La iniciativa de Zelaya fue declarada ilegal por la Justicia. El ejército se negó a distribuir las urnas, que iban a ser colocadas en plazas, parques y otros lugares públicos. Zelaya respondió removiendo al Jefe del Ejército. Conocido el hecho, los jefes de las otras fuerzas renuncian en solidaridad con él. Paralelamente, el Fiscal General de la República anuncia que de llevarse a cabo la consulta los funcionarios que insistan en llevarla a cabo serán imputados de delito.
Los hechos jurídicos se precipitan -y dejan de resistir encuadres "jurídicos"- cuando el Ejército entra a la casa de Zelaya y lo carga en un avión llevándolo a Costa Rica.
La versión oficial es que el Ejército actuó en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia. Es obvio que ningún tribunal podría haber dado una orden de arrestar un presidente en funciones y expulsarlo inmediatamente del país sin proceso.
Acto seguido, un decreto express y dominguero del Congreso destituye a Zelaya y designa a Micheletti como nuevo presidente, al tiempo que su Secretario lee y muestra una carta de renuncia de Zelaya, cuya autoría es sospechada.
Así están las cosas, hoy. Una acción conjunta del Ejército y de dos poderes constitucionales ha cortado el mandato de un Presidente constitucional. Y no lo ha hecho mediante un procedimiento constitucional. Más bien uno podría pensar que el ejecutivo en funciones fue objeto de una oferta (de renuncia) imposible de rechazar.
Como dice el blawguero salvadoreño Amaya Cóbar en este recomendable post, que linkeaba ayer Bovino,
Di Tella y la indiferencia del poder real frente al qué dirán del mundo
Cierro con una anécdota que leí en "El otro", la biografía de Duhalde que hace más de diez años escribía Hernán López Echagüe. Cuentan ahí los conciliábulos del justicialismo -entonces en la oposición- cuando decidían qué hacer ante la asonada de Campo de Mayo en 1987. Cuenta que en la reunión algunos ven el golpe en ciernes como un grave peligro y otros, prácticamente como una oportunidad. Cafiero pregunta, en fin, qué hacemos. Habla Guido Di Tella. Su tono es resignado, displicente.
- "El golpe de Estado es un hecho. Lo que hay que hacer es fácil: irse. Yo mañana me voy a Estados Unidos".
Está en la reunión Pignanelli, que no puede creer lo que oye y entonces repregunta: "Escuchame Guido, ¿los demás países van a reconocer a un gobierno militar?
A lo que Di Tella, según López Echagüe, responde sin vacilar:
- Pero querido -dice con su voz arrastrada- primero nos va a reconocer Sudáfrica, después nos va a reconocer Uganda y por último la Comunidad Europea. Quedate tranquilo.
La historia termina con Di Tella viajando a Estados Unidos, en cumplimiento de su anuncio, mientras el PJ termina llevando su gente a la concentración de Semana Santa.
Siempre me quedó la duda de si Di Tella hubiera tenido razón en su predicción si el golpe de Rico prosperaba.
Está claro que el repudio de la comunidad internacional (o de las nuevas comunidades "regionales") puede tener efectos disuasivos y por eso no hay más "golpes" clásicos, los que sustituyen a todos los representantes del pueblo y se arrogan sine die la suma del poder público en cabeza de un grupo de jerarcas militares.
Pero es probable que esa sensibilidad no llegue a irritarse tanto con las "sucesiones forzadas", un concepto jurídico menos nítido, y por eso la de Honduras, que no fue la primera, tampoco va a ser la última.
Nos hace acordar a los clásicos titulares neutros de la prensa argentina del día después de cada inauguración dictatorial: "NUEVO GOBIERNO" era el título una y otra vez.
De igual modo, la "narrativa" de CNN del episodio hondureño parece orwelliana: el título de la gran cadena es "sucesión forzada en Honduras".
Cierto es que se trata de un episodio distinto de los clásicos "golpes de Estado del siglo XX". Porque, quedémonos tranquilos, no va a pasar nunca más eso de que asuma un gobierno "militar". Ahora tenemos "sucesiones forzadas", un concepto jurídico mucho más complejo para manejar en el derecho internacional. Vemos en detalle este nuevo y más reciente ejemplo.
Qué pasó en Honduras
Mel (Manuel) Zelaya convocó por decreto a una "Encuesta Popular". Ya desde el "nomen iuris" quedaba claro que esta convocatoria era una consulta con caracter sui generis, y que ciertamente no se pautaba en el marco de la "consulta" popular que contempla la Constitución de Honduras en términos parecidos a los de nuestra Constitución. Lo que Zelaya proponía era para "preguntar" al pueblo si le parecía bien que en las próximas elecciones se votara una consulta sobre la reforma de la Constitución. Una anteconsulta no vinculante, una consulta al cuadrado.
La iniciativa de Zelaya fue declarada ilegal por la Justicia. El ejército se negó a distribuir las urnas, que iban a ser colocadas en plazas, parques y otros lugares públicos. Zelaya respondió removiendo al Jefe del Ejército. Conocido el hecho, los jefes de las otras fuerzas renuncian en solidaridad con él. Paralelamente, el Fiscal General de la República anuncia que de llevarse a cabo la consulta los funcionarios que insistan en llevarla a cabo serán imputados de delito.
Los hechos jurídicos se precipitan -y dejan de resistir encuadres "jurídicos"- cuando el Ejército entra a la casa de Zelaya y lo carga en un avión llevándolo a Costa Rica.
La versión oficial es que el Ejército actuó en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia. Es obvio que ningún tribunal podría haber dado una orden de arrestar un presidente en funciones y expulsarlo inmediatamente del país sin proceso.
Acto seguido, un decreto express y dominguero del Congreso destituye a Zelaya y designa a Micheletti como nuevo presidente, al tiempo que su Secretario lee y muestra una carta de renuncia de Zelaya, cuya autoría es sospechada.
Así están las cosas, hoy. Una acción conjunta del Ejército y de dos poderes constitucionales ha cortado el mandato de un Presidente constitucional. Y no lo ha hecho mediante un procedimiento constitucional. Más bien uno podría pensar que el ejecutivo en funciones fue objeto de una oferta (de renuncia) imposible de rechazar.
Como dice el blawguero salvadoreño Amaya Cóbar en este recomendable post, que linkeaba ayer Bovino,
A Zelaya se le sacó del camino por una iniciativa que no llegó a iniciar. Una violación a la Constitución y al orden democrático bajo el argumento de preservar la Constitución y el orden democrático: la justificación más trillada de las dictaduras.
Di Tella y la indiferencia del poder real frente al qué dirán del mundo
Cierro con una anécdota que leí en "El otro", la biografía de Duhalde que hace más de diez años escribía Hernán López Echagüe. Cuentan ahí los conciliábulos del justicialismo -entonces en la oposición- cuando decidían qué hacer ante la asonada de Campo de Mayo en 1987. Cuenta que en la reunión algunos ven el golpe en ciernes como un grave peligro y otros, prácticamente como una oportunidad. Cafiero pregunta, en fin, qué hacemos. Habla Guido Di Tella. Su tono es resignado, displicente.
- "El golpe de Estado es un hecho. Lo que hay que hacer es fácil: irse. Yo mañana me voy a Estados Unidos".
Está en la reunión Pignanelli, que no puede creer lo que oye y entonces repregunta: "Escuchame Guido, ¿los demás países van a reconocer a un gobierno militar?
A lo que Di Tella, según López Echagüe, responde sin vacilar:
- Pero querido -dice con su voz arrastrada- primero nos va a reconocer Sudáfrica, después nos va a reconocer Uganda y por último la Comunidad Europea. Quedate tranquilo.
La historia termina con Di Tella viajando a Estados Unidos, en cumplimiento de su anuncio, mientras el PJ termina llevando su gente a la concentración de Semana Santa.
Siempre me quedó la duda de si Di Tella hubiera tenido razón en su predicción si el golpe de Rico prosperaba.
Está claro que el repudio de la comunidad internacional (o de las nuevas comunidades "regionales") puede tener efectos disuasivos y por eso no hay más "golpes" clásicos, los que sustituyen a todos los representantes del pueblo y se arrogan sine die la suma del poder público en cabeza de un grupo de jerarcas militares.
Pero es probable que esa sensibilidad no llegue a irritarse tanto con las "sucesiones forzadas", un concepto jurídico menos nítido, y por eso la de Honduras, que no fue la primera, tampoco va a ser la última.