En un post recientemente publicado aquí hablabamos del caso del Río Atuel y de dos demandas pampeanas que la Corte iba a tratar luego del fallo de 1987 que declaró la interprovincialidad del curso de agua.
Como dijimos ahí existe una tensión imposible de resolver entre tal principio formal y la cuota de superficie de riego que se le asignaba prioritariamente a Mendoza, lo que ameritaba una revisión del criterio de distribución.
Máxime cuando el resultado que La Pampa señala y podría demostrar como hecho posterior al fallo es un proceso de desertificación consolidado por el corte del Río que en la práctica deja de fluir antes de sus fronteras al ser derivado a riegos aguas arriba.
Dicho del modo más corto posible: un río interprovincial de derecho ha dejado de serlo en los hechos.
Así, en el primero de los fallos significativos del año 2014 -y del que poca noticia habrá en medios porteños- la Corte Suprema admitió la demanda del profesor Miguel Palazzani, patrocinado por Andrés Gil Domínguez. Este interlocutorio -firmado por Lorenzetti, Maqueda, Highton y Fayt- no confiere el requerido trámite de amparo (porque hay un trecho probatorio que debe sustanciar antes) pero deja abierta concretamente la posibilidad de conceder una cautelar que obligue a Mendoza a asegurar un caudal mínimo permanente.
Al tiempo, este resolutorio (PDF aquí) avanza en requerimientos informativos a Mendoza, La Pampa y Nación sobre el estado de diversas obras que podrían acarrear una mejor eficiencia de usos, algo esencial en orden a ampliar el numerador de la cuenta que se tiene que dividir (asumimos que no será en partes iguales) entre las dos jurisdicciones.
Mirando adelante: del mínimo a la equidad
En un proceso abierto la Corte debería avanzar en dos vectores. Uno muestra un camino hacia adelante: el de adoptar un papel de acompañamiento y de gestor del conflicto interprovincial. En ese camino la Corte hace bien en mostrarse inquieta y activista, demostrando que sus preocupaciones van mas allá de saneamiento del Riachuelo y se prolongan a casos menos conocidos.
Pero otro la enfrenta a la necesidad de repensar lo actuado en un diferendo que en su momento quedó en la letra chica mal saldado, sin que la parte favorecida -por estar aguas arriba- tuviera muchos incentivos para dejarse de comportarse como titular exclusiva de un recurso.
En este punto cabe notar la dimension específica del reclamo: no se busca en la causa que comentamos una división equitativa sino un mero caudal mínimo ecológico. Y el conflicto quedará mal saldado también en términos de equidad si la jurisdicción se conforma con tales mínimos y mantiene escriturada para el primer usufructuante la parte del león de un recurso compartido. Pensándolo al modo que una lealtad federal exige, el caso reclamará de las partes y de los jueces una perspectiva que vaya más allá de un parche plasmado en una cuota continua de suelta de aguas pautada como mínimo, residuo o limosna.
Desde luego que está bien que el acercamiento a un problema sea progresivo y se empiece por lo más acuciante, pero la mirada tiene que elevarse para ponderar y sentar principios -asegurables y no declamativos- que eviten golpes de mano y conductas cortoplacistas e insolidarias entre jurisdicciones, y que conjuguen aprovechamiento y desarrollo sustentable más allá de las urgencias ambientales. Desde lo procesal, esto debería traducirse en ser receptiva de una pluralidad de miradas en una instancia de audiencias públicas.
Por eso esta causa es importante en dos sentidos. Primero, porque el solo hecho de ver aquí un conflicto judiciable es un primer paso que podría horadar la virtual muralla de las 75.000 hectáreas regables que Mendoza entiende como cosa juzgada y que nosotros interpelábamos algunos días atrás. Y segundo, porque están en juego temas que, por importante que pueda ser para Mendoza y La Pampa el conflicto Río Atuel, lo exceden en su trascendencia a futuro.
Como dijimos ahí existe una tensión imposible de resolver entre tal principio formal y la cuota de superficie de riego que se le asignaba prioritariamente a Mendoza, lo que ameritaba una revisión del criterio de distribución.
Máxime cuando el resultado que La Pampa señala y podría demostrar como hecho posterior al fallo es un proceso de desertificación consolidado por el corte del Río que en la práctica deja de fluir antes de sus fronteras al ser derivado a riegos aguas arriba.
Así, en el primero de los fallos significativos del año 2014 -y del que poca noticia habrá en medios porteños- la Corte Suprema admitió la demanda del profesor Miguel Palazzani, patrocinado por Andrés Gil Domínguez. Este interlocutorio -firmado por Lorenzetti, Maqueda, Highton y Fayt- no confiere el requerido trámite de amparo (porque hay un trecho probatorio que debe sustanciar antes) pero deja abierta concretamente la posibilidad de conceder una cautelar que obligue a Mendoza a asegurar un caudal mínimo permanente.
Al tiempo, este resolutorio (PDF aquí) avanza en requerimientos informativos a Mendoza, La Pampa y Nación sobre el estado de diversas obras que podrían acarrear una mejor eficiencia de usos, algo esencial en orden a ampliar el numerador de la cuenta que se tiene que dividir (asumimos que no será en partes iguales) entre las dos jurisdicciones.
Mirando adelante: del mínimo a la equidad
En un proceso abierto la Corte debería avanzar en dos vectores. Uno muestra un camino hacia adelante: el de adoptar un papel de acompañamiento y de gestor del conflicto interprovincial. En ese camino la Corte hace bien en mostrarse inquieta y activista, demostrando que sus preocupaciones van mas allá de saneamiento del Riachuelo y se prolongan a casos menos conocidos.
Pero otro la enfrenta a la necesidad de repensar lo actuado en un diferendo que en su momento quedó en la letra chica mal saldado, sin que la parte favorecida -por estar aguas arriba- tuviera muchos incentivos para dejarse de comportarse como titular exclusiva de un recurso.
En este punto cabe notar la dimension específica del reclamo: no se busca en la causa que comentamos una división equitativa sino un mero caudal mínimo ecológico. Y el conflicto quedará mal saldado también en términos de equidad si la jurisdicción se conforma con tales mínimos y mantiene escriturada para el primer usufructuante la parte del león de un recurso compartido. Pensándolo al modo que una lealtad federal exige, el caso reclamará de las partes y de los jueces una perspectiva que vaya más allá de un parche plasmado en una cuota continua de suelta de aguas pautada como mínimo, residuo o limosna.
Desde luego que está bien que el acercamiento a un problema sea progresivo y se empiece por lo más acuciante, pero la mirada tiene que elevarse para ponderar y sentar principios -asegurables y no declamativos- que eviten golpes de mano y conductas cortoplacistas e insolidarias entre jurisdicciones, y que conjuguen aprovechamiento y desarrollo sustentable más allá de las urgencias ambientales. Desde lo procesal, esto debería traducirse en ser receptiva de una pluralidad de miradas en una instancia de audiencias públicas.
Por eso esta causa es importante en dos sentidos. Primero, porque el solo hecho de ver aquí un conflicto judiciable es un primer paso que podría horadar la virtual muralla de las 75.000 hectáreas regables que Mendoza entiende como cosa juzgada y que nosotros interpelábamos algunos días atrás. Y segundo, porque están en juego temas que, por importante que pueda ser para Mendoza y La Pampa el conflicto Río Atuel, lo exceden en su trascendencia a futuro.