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| Linda Sparkman descubriendo una placa conmemorativa en Indiana |
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Un año y medio después de eso, John Surrat Jr. fue a juicio. Admitió que había conspirado para secuestrar a Lincoln, pero no para matarlo. El plan del que Surrat Jr. se confesaba partícipe era que iban a secuestrar a Lincoln e intercambiarlo por prisioneros confederados (lo cual de hecho se hizo, la emboscada falló porque el carro de Lincoln cambió de ruta), pero se declaró inocente del magnicidio.
Tal parece que no había muchas pruebas de eso: el jurado votó 8 a 4 por la no culpabilidad del acusado. Y la causa por tentativa de secuestro estaba prescripta, así que Surrat Jr. salió libre.
Pero lo que nos importa es otra cosa que pasó en el juicio a Surrat, que era defendido por un tal Joseph Bradley. Bradley tuvo durante el juicio muchas discusiones muy fuertes con el juez, un tal George Fisher. No sabemos muchos detalles sobre eso, pero el juez tenía facultades sancionatorias, y las usó a fondo: lo excluyó de la matrícula al abogado Bradley. Y por eso, Bradley demandó al juez Fisher por daños y perjuicios.
Esto es: los jueces no pueden ser demandados civilmente por las consecuencias de sus fallos incluso aunque hayan actuado con dolo o malicia.
El caso, Bradley v. Fisher, fue resuelto por la Corte Suprema en 1872 y es la versión canónica de la "inmunidad judicial" en EEUU. Así, la doctrina "Bradley", construida sólo como "un principio general de la mayor importancia" (léase: no había especificación normativa, ni legal ni constitucional, que la apoye) consagra la inmunidad de los jueces ante demandas civiles.
Sin embargo -y muy importante- la Corte dice que la inmunidad cubre sólo a los jueces que actúan en "exceso", pero no a los que lo hagan en "ausencia" de jurisdicción. Adaptamos aquí el ejemplo que da la Corte: un juez civil que pretenda dictar imputaciones o procesamientos en materia penal estaría obrando "en ausencia" de jurisdicción. Un caso de extralimitación territorial de competencia también podría caer en ese casillero.
Hay algunos casos más que fueron confirmando el criterio de Bradley de inmunidad judicial (ver lista al final).
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Es el caso de una chica llamada Linda Spitler, de 15 años, cuya madre se presentó a un juez y pidió que la esterilizaran. En su escrito la madre, Ora Spitler, decía que su hija tenía un leve retardo mental, y que se estaba empezando a ver con chicos.
El juez Stump despachó la orden en el día sin asignarle número de expediente, sin ver en audiencia a la chica, sin designar curador ad litem. La operación se hizo seis días después, y la chica nunca supo lo que pasó: se le dijo que había sido operada de apendicitis.
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Así surge el otro gran caso de la Corte, "Stump v. Sparkman" de 1978, en el que la Corte acogió el planteo del juez y ratificó la doctrina de "Bradley" de 1872: los jueces son inmunes por sus actos judiciales aún si el ejercicio de su autoridad jurisdiccional está viciado por la comisión de graves errores de procedimiento.
Hay dos interesantes disidencias de "Stump". La disidencia de Potter Stewart se centró en negar la premisa de que fuera posible decir que había un acto judicial. Su argumento fue que lo que hizo el Juez Stump no fue un acto que haga un juez normal, ni algo que haya hecho antes o después cualquier otro juez en Indiana.
La disidencia de Lewis Powell se construye desde un argumento que presenta como la pecularidad esencial del caso: el hecho que la decisión del Juez Stump era preclusiva de la posibilidad de que los apelantes protegieran sus derechos en otro fuero del sistema judicial. “Subyacente al criterio de Bradley –dijo- está la noción de que los derechos privados pueden ser sacrificados en algún grado en la prosecución del bien mayor que se deriva de una judicatura completamente independiente, porque existen otros foros y métodos para plantear sus derechos”. Clarito y sin eufemismos, reconoce pragmáticamente que hay un sacrificio de derechos y explica cuál es la razón pragmática. Aunque hay otros mecanismos de responsabilidad de los jueces, como su remoción, Powell está pensando básicamente en las apelaciones y su potencial de corregir errores de los jueces. Esta base, razonaba la disidencia de Powell, se pierde cuando un funcionario judicial actúa (como Stump) de un modo que cercena todo recursos de apelación u obtura los remedios judiciales que de otra forma habrían de estar a mano, y por esa razón entendía que en tales casos no cabe aplicar la doctrina Bradley.
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Por un lado, Griesa sabe que está "blindado" por consecuencias de los actos que pudiera cometer aún "en exceso" de su jurisdicción. Pero de lo expuesto surge que la doctrina "Bradley" no lo cubre por actos judiciales hechos "en ausencia" de jurisdicción.
Y sugería yo que en estas noticias de liberaciones de fondos dispuestas "por única vez" podía estar jugando esa distinción entre "exceso" y "ausencia" y su percepción de que tal vez era mejor no exponerse a demandas de terceros ajenos al juicio (titulares de bonos Repsol, Euroclear, Japón).
Muchas de las cosas que Griesa hace estan cómodamente cubiertas por el escudo del exceso de jurisdicción, así que Argentina no puede demandarlo ni siquiera aunque compruebe malicia.
Pero la virtual incautación de pagos de bonos emitidos bajo ley de otras naciones no sujetas a su jurisdicción pueden caer en el casillero de la ausencia de jurisdicción. Como dice Sebastián Soler, un juez de Nueva York no podía impedir cobro de bonos en euros, sujetos a ley inglesa, que un banco de Luxemburgo le debe pagar a bonistas belgas.
Tal vez no Argentina, pero algún tercero afectado podría hacerlo --o pensar en hacerlo. Tal vez eso explicaba por que esa tarde misma tarde, bien al margen del comentario muy casual y nada elaborado (un poco la obligación de todo orador es "meterle coyuntura" a un tema , así esté hablando de los monasterios del medioevo, porque todos vivimos hoy y acá), y luego el lunes, Griesa fuera cauto y diera algunos pasos atrás, "por única vez", en el alcance de su orden de restricción.
Por lo demás, hermosa conexión carambolesca que arranca en los conspiradores del asesinato de Lincoln, sigue con esterilizaciones, abogados deshonestos y llega hasta un jubilado de Bruselas que tiene bonos de reestructuración de deudas soberanas.
Pero la virtual incautación de pagos de bonos emitidos bajo ley de otras naciones no sujetas a su jurisdicción pueden caer en el casillero de la ausencia de jurisdicción. Como dice Sebastián Soler, un juez de Nueva York no podía impedir cobro de bonos en euros, sujetos a ley inglesa, que un banco de Luxemburgo le debe pagar a bonistas belgas.
Tal vez no Argentina, pero algún tercero afectado podría hacerlo --o pensar en hacerlo. Tal vez eso explicaba por que esa tarde misma tarde, bien al margen del comentario muy casual y nada elaborado (un poco la obligación de todo orador es "meterle coyuntura" a un tema , así esté hablando de los monasterios del medioevo, porque todos vivimos hoy y acá), y luego el lunes, Griesa fuera cauto y diera algunos pasos atrás, "por única vez", en el alcance de su orden de restricción.
Por lo demás, hermosa conexión carambolesca que arranca en los conspiradores del asesinato de Lincoln, sigue con esterilizaciones, abogados deshonestos y llega hasta un jubilado de Bruselas que tiene bonos de reestructuración de deudas soberanas.
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Randall v. Brigham (1869). Es la precuela de "Bradley". Dato previo necesario para entender el caso: en esa época se permitía la sustitución en el servicio militar obligatorio. Era legal y habitual que personas ricas llamadas a reclutarse le indicaran al Ejército un sustituto en su lugar, a cambio de un pago que privadamente arreglaban y liquidaban con el "voluntario" ofrecido. Eficiencia de los mercados: los ricos que podían pagar no corrían riesgos, los pobres tenían una fuente de ingreso si la oferta les parecía buena, el Estado conseguía soldados gratis. Un muchacho llamado Leighton había sido acusado de robo, y estaba en prisión. Su abogado era un tal Randall y lo engañó diciendo que si se alistaba al ejército saldría libre. Leighton no sabía leer y firmó un acuerdo por el que se comprometía a sustituir a un convocado llamado Brown, a cambio de 830 dólares. El abogado Randall los cobró y pagó la fianza con eso, le dio diez dólares al nuevo recluta (que nunca supo que era "sustituto" de alguien, sino que asumió que era una especie de penitencia o probation), y se quedó con el resto (más de la mitad).
No sabemos bien qué paso con el vuelto con el que se había quedado Randall, pero cuando el juez Brigham (que intervenía en la causa del chico) se enteró de eso dijo que la actuación del abogado había sido completamente carente de profesionalidad y lo removió de la matrícula. Brigham, como Bradley, demandó por daños y perjuicios. Y la Corte avaló al juez, haciendo su primer contacto con la doctrina de la inmunidad judicial y dejando una ventana abierta que subrayamos: "los jueces no son responsables, salvo tal vez cuando sus actos, tomados en exceso de la jurisdicción, sean hechos corrupta o maliciosamente". Tres años después, en "Bradley", la Corte cerraría la ventana del "salvo tal vez" en lo que respecta al factor subjetivo (dolo o malicia) y la dejó abierta en cuanto a la distinción exceso/ausencia.
"Randall" es, por cierto, el único caso de toda esta lista en que el juez demandado había hecho precisamente lo que había que hacer.
En "Pierson" la Corte hace su primera interpretación de la sección 1983 del Código Federal, un producto de la Enforcement Act de 1871, también conocida como Ley Anti Ku-Klux-Klan. Entre otras cosas, la ley prevé expresamente que se puede demandar por daños a cualquier autoridad (o incluso a un privado que esté operando bajo una autoridad estatal) que con sus actos esté privando de derechos federales a una persona. A pesar de esa formulación explícita, la Corte dirá que no encuentra indicios de que se haya querido con ella desmentir el principio de la inmunidad judicial (en disidencia, Juez Douglas consideró que sí). La Corte sostuvo: “Pocas doctrinas están más sólídamente establecidas en el common law como la doctrina de la inmunidad de los jueces por los actos ejecutados dentro de su jurisdicción. el juez no debe temer que litigantes insatisfechos lo acosen con querellas que alegan malicia o corrupción”.
Dennis v. Sparks (1980). Un juez había dictado una cautelar impidiendo la extracción de petróleo en dos áreas que tenía asignadas una sociedad. Se alegaba que la resolución cautelar había sido producto de un soborno. La Corte determinó que la inmunidad judicial no beneficiaba a terceros involucrados en una operación ilegal, y que tampoco relevaba al juez de ser llamado como testigo en una causa contra esas personas. Una pequeña muesca en la doctrina "Bradley".
Pulliam v. Allen (1984). Una jueza de Virginia había dispuesto el arresto de dos hombres (uno por catorce días, al otro cuatro veces en períodos que iban desde dos a seis días) por no pagar una fianza impuesta en un caso de una falta que no era condenable con prisión (ebriedad y escándalo en la vía pública). La demanda (un injunctive relief) no perseguía la indemnización (se obtuvo una declaración preventiva para que se garantizara la libertad de estas personas) pero la jueza fue obligada a pagar los honorarios de los abogados (unos 8.000 dólares) en el entendimiento de que ello no estaba cubierto por la inmunidad judicial. Otro hoyo pequeño en el escudo de la inmunidad judicial, que fue en la práctica revocado por vía legislativa. La Federal Courts Improvement Act de 1996 (FCIA) especificó que en principio los jueces no podían ser demandados por la via del injuctive relief.
Forrester v. White (1988). Mínimo asterisco y nota al pie de Bradley: la inmunidad judicial no se extiende a actos administrativos. En EEUU los jueces designan y remueven a sus empleados. White era un juez de Illinois que había echado a una empleada que pudo demostrar en la justicia que en su despido había un acto de discriminación por razón de género. Ante la demanda de la mujer, la inmunidad judicial no prosperó. El criterio es funcional: sólo vale para los actos jurisdiccionales que un juez emita.
Mireles v. Waco (1991). El juez Mireles había dictado una orden de detención, expresamente indicando que debía ser ejecutada con el uso de la fuerza, para que compareciera en su juzgado un abogado que no había concurrido a una citación (estaba en otro juzgado, los oficiales irrumpieron a los gritos y se lo llevaron a empujones). Ante la demanda de Waco, el juez Mireles interpuso la excepción de inmunidad judicial y la Corte la acogió, confirmando explícitamente la línea "Bradley" - "Stump". No conozco otros casos más recientes.