Escribimos ahora una ampliación más pensando "a futuro" el tema del fallo platense que analizamos en el último post. Hacíamos allí algo de perspectiva, que a su turno también ensayaron notas del fin de semana como las de Mario Wainfeld y Irina Hauser en P12 y Martín Bidegaray en Clarín. Hoy Fernández Blanco reporta en La Nación que el Gobierno estudia cambios para no ir en crudo a la Corte. Acá haremos ese análisis especulativo.
De lo que cuenta Fernández Blanco dice que el gobierno piensa en estas alternativas: (a) "un abono mensual, con la conformación de una tarifa "plana", donde la estacionalidad del consumo se note menos"; (b) "un tope de 400% a los aumentos del gas, pero no sobre la tarifa, que es lo que hizo el Gobierno semanas atrás para contener la efervescencia social, sino sobre el monto final de la factura, que incluye no sólo el gas en sí mismo, sino también los servicios de transporte, de distribución y los impuestos"; y/o (c) una suerte de financiamiento consistente en "ponerle un tope al pago de la factura actual, pero que el excedente se abone en cuotas en los próximos meses".
El punto es qué va a hacer la Corte que tiene algun per saltum, una causa que podría considerar de su "competencia originaria" (por ser promovida por una provincia contra la Nación), y el fallo de La Plata (carta que está en el sabot, pero en rigor de verdad no está todavía en su paño de juego, porque a estas horas todavía no debe haber ni recurso formalizado contra esa decisión).
Y un solo acuerdo antes de la "feria", el de mañana.
Y una urgencia y gran presión por poner un poco de orden para resolver el asunto, algo en que convergen todos: usuarios, empresas, gobierno, oposición y medios.
Pero: por cuestiones procesales y logísticas es imposible nivel chance cero que el acuerdo de mañana resuelva el fondo de la cuestión. A lo sumo podrá decir algo relativo a reordenar o suspender facturaciones para resolver la cuestión práctica de la pregunta que-hago-pago-o-no-pago.
No le faltan opciones para asumir jurisdicción en el asunto. No todas ellas son equivalentes en sentido. No es lo mismo responder a un planteo del gobierno que pidió el per saltum, que concentrarse en un planteo que confronta provincias con Nación, que asumir un litigio orgánico planteado en el formato de acción colectiva. Perfectamente podría hacer cualquiera de las tres cosas, y hemos observado que es probable que escoja el enfoque "consumerista" que termina por poner en valor una invención jurídico-procesal de su propia cosecha (pero nada lo garantiza).
Y luego está la cuestión sobre el fondo, que se resolverá luego de la feria (y para esto la Corte ya tendrá un mejor decantado de la cuestión).
Es casi seguro que intervendrá, como ya lo presiente el gobierno que busca llegar mejor pisado a una eventual intersección judicial. Acaso acarreará cierta decepción eso también en quienes -oponiéndose al aumento- en un rincón de su alma deseaban ver una Corte prescindente para terminar de modelar y validar su render del judicial como un poder corporativo huidizo taimado y antipueblo.
Es casi seguro que aproveche la ocasión para fijar un plafón más alto, de rango constitucional, a la exigibilidad de audiencias públicas como mecanismo de participación (imaginamos alto lobby de oreja de abogados expertos en los nuts and bolts del laberíntico marco regulatorio que le dicen que eso no es exigible al tiempo que muestran un diagrama de flujo del tamaño de los moldes de la revista Burda, pero la Corte es un tribunal de la Constitución, y por más margen de apreciación que le des al Estado es impensable imaginar que una cuestión de altísimo impacto puede resolverse por ukase ministerial o atrincherándose en audiencias hechas hace ONCE años).
La cuestión es cuan "exhortativa" y cuán "operativa" será su parte resolutoria. Y aquí también hay un margen de grises o soluciones intermedias que puede adoptar.
Algo sugerimos en el post anterior, y pensándolo bien ahora creemos que no va a pasar. La posibilidad de fijar audiencias "judiciales" sobre el tema es un enfoque muy hands on en un tema envenenado, que descentra a la Corte de su función revisora y su jerarquía estratosférica y la mete a nivel cordón de vereda en el día a día de un tema que excede su experticia de apreciación.
Si, finalmente, en el formato procesal que elija, tiene margen para soluciones que adopten un surco de hipotenusa moncloa entre el cateto del tarifazo y el cateto del anulazo.
Sin perjuicio de fijar la anulación de las tarifas en base a las doctrinas antes sugeridas -bien regadas de saludable y sustanciosa retórica constitucional y ponderativa- se dirá que al tiempo que las audiencias son exigibles y necesarias, es obvio que al cabo de ellas surgirá un cuadro tarifario nuevo-.
Y por esa razón autorizar a que en el interín se apliquen aumentos transitorios limitados prudencialmente, acaso utilizando alguna de las fórmulas atenuativas que el gobierno baraja, o adoptando alguna variación propia.
Consecuencia: se reducen algo las tarifas y la Corte preserva su figura autoritativa de control, queda bien ante la población con un talante equitativista y morigerador, los demandantes dirán sin refutación posible que judicialmente se les dio la razón, luego el gobierno mantiene su potestad de aumentarlas siguiendo la ruta trazada por la justicia, el sistema funciona.
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| Tomando sol en la plaza, Buenos Aires 1939. @AGNArgentina | Inventario 151038. |
De lo que cuenta Fernández Blanco dice que el gobierno piensa en estas alternativas: (a) "un abono mensual, con la conformación de una tarifa "plana", donde la estacionalidad del consumo se note menos"; (b) "un tope de 400% a los aumentos del gas, pero no sobre la tarifa, que es lo que hizo el Gobierno semanas atrás para contener la efervescencia social, sino sobre el monto final de la factura, que incluye no sólo el gas en sí mismo, sino también los servicios de transporte, de distribución y los impuestos"; y/o (c) una suerte de financiamiento consistente en "ponerle un tope al pago de la factura actual, pero que el excedente se abone en cuotas en los próximos meses".
El punto es qué va a hacer la Corte que tiene algun per saltum, una causa que podría considerar de su "competencia originaria" (por ser promovida por una provincia contra la Nación), y el fallo de La Plata (carta que está en el sabot, pero en rigor de verdad no está todavía en su paño de juego, porque a estas horas todavía no debe haber ni recurso formalizado contra esa decisión).
Y un solo acuerdo antes de la "feria", el de mañana.
Y una urgencia y gran presión por poner un poco de orden para resolver el asunto, algo en que convergen todos: usuarios, empresas, gobierno, oposición y medios.
Pero: por cuestiones procesales y logísticas es imposible nivel chance cero que el acuerdo de mañana resuelva el fondo de la cuestión. A lo sumo podrá decir algo relativo a reordenar o suspender facturaciones para resolver la cuestión práctica de la pregunta que-hago-pago-o-no-pago.
No le faltan opciones para asumir jurisdicción en el asunto. No todas ellas son equivalentes en sentido. No es lo mismo responder a un planteo del gobierno que pidió el per saltum, que concentrarse en un planteo que confronta provincias con Nación, que asumir un litigio orgánico planteado en el formato de acción colectiva. Perfectamente podría hacer cualquiera de las tres cosas, y hemos observado que es probable que escoja el enfoque "consumerista" que termina por poner en valor una invención jurídico-procesal de su propia cosecha (pero nada lo garantiza).
Y luego está la cuestión sobre el fondo, que se resolverá luego de la feria (y para esto la Corte ya tendrá un mejor decantado de la cuestión).
Es casi seguro que intervendrá, como ya lo presiente el gobierno que busca llegar mejor pisado a una eventual intersección judicial. Acaso acarreará cierta decepción eso también en quienes -oponiéndose al aumento- en un rincón de su alma deseaban ver una Corte prescindente para terminar de modelar y validar su render del judicial como un poder corporativo huidizo taimado y antipueblo.
Es casi seguro que aproveche la ocasión para fijar un plafón más alto, de rango constitucional, a la exigibilidad de audiencias públicas como mecanismo de participación (imaginamos alto lobby de oreja de abogados expertos en los nuts and bolts del laberíntico marco regulatorio que le dicen que eso no es exigible al tiempo que muestran un diagrama de flujo del tamaño de los moldes de la revista Burda, pero la Corte es un tribunal de la Constitución, y por más margen de apreciación que le des al Estado es impensable imaginar que una cuestión de altísimo impacto puede resolverse por ukase ministerial o atrincherándose en audiencias hechas hace ONCE años).
La cuestión es cuan "exhortativa" y cuán "operativa" será su parte resolutoria. Y aquí también hay un margen de grises o soluciones intermedias que puede adoptar.
Algo sugerimos en el post anterior, y pensándolo bien ahora creemos que no va a pasar. La posibilidad de fijar audiencias "judiciales" sobre el tema es un enfoque muy hands on en un tema envenenado, que descentra a la Corte de su función revisora y su jerarquía estratosférica y la mete a nivel cordón de vereda en el día a día de un tema que excede su experticia de apreciación.
Si, finalmente, en el formato procesal que elija, tiene margen para soluciones que adopten un surco de hipotenusa moncloa entre el cateto del tarifazo y el cateto del anulazo.
Sin perjuicio de fijar la anulación de las tarifas en base a las doctrinas antes sugeridas -bien regadas de saludable y sustanciosa retórica constitucional y ponderativa- se dirá que al tiempo que las audiencias son exigibles y necesarias, es obvio que al cabo de ellas surgirá un cuadro tarifario nuevo-.
Y por esa razón autorizar a que en el interín se apliquen aumentos transitorios limitados prudencialmente, acaso utilizando alguna de las fórmulas atenuativas que el gobierno baraja, o adoptando alguna variación propia.
Consecuencia: se reducen algo las tarifas y la Corte preserva su figura autoritativa de control, queda bien ante la población con un talante equitativista y morigerador, los demandantes dirán sin refutación posible que judicialmente se les dio la razón, luego el gobierno mantiene su potestad de aumentarlas siguiendo la ruta trazada por la justicia, el sistema funciona.